UGT demanda al Gobierno que esté vigilante ante posibles incrementos del precio de productos básicos y medidas sociales de calado para garantizar el mantenimiento del nivel retributivo de las personas trabajadoras que puedan verse afectadas por la situación generada por el COVID-19. Un objetivo éste al que también debería contribuir, con iniciativa propia, el Gobierno regional, dentro de su margen competencial, en materia de promoción económica y del empleo.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en tasa interanual en la Región de Murcia, asciende hasta en el 0,9%, cifra que se encuentra, dos décimas por encima de la estatal.
Los mayores incrementos interanuales de los precios en la Región se han dado en Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%), Hoteles, cafés y restaurantes (2,2%) y Transporte (1,7%).
Por el contrario, han registrado tasas negativas los grupos correspondientes a Vivienda (-3,7%) y Comunicaciones (-0,7%)
Respecto al mes pasado, el IPC disminuyó en la Región un 0,1%, al igual que en el conjunto del país.
La inflación subyacente en la Región, que no tiene en cuenta productos energéticos ni alimentos no elaborados, aumenta dos décimas en su tasa interanual hasta el 1,1%, idéntica a la registrada a nivel estatal.
A la vista de estos datos, UGT considera que se está consolidando la recuperación de los precios en la Región aunque aún con moderación. Nos preocupa, no obstante, que en los próximos meses, ante los picos de demanda de productos de primera necesidad como consecuencia del Covid-19, pueda producirse un paralelo incremento de los precios que hagan, aún más difícil para los trabajadores enfrentar las situaciones adversas que puedan atravesar en sus empleos como consecuencia de esta crisis sanitaria.
Es por ello que nuestro sindicato considera necesario que tanto el Gobierno como la Comisión de la Competencia se mantengan vigilantes para evitar escaladas de precios injustificadas o irregulares, sobre todo de los productos más básicos.
Asimismo, entendemos que deben arbitrarse medidas políticas en el ámbito fiscal y monetario con carácter expansivo, así como otras medidas de carácter social, de mayor calado que las conocidas hasta ahora, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo y el nivel retributivo de las personas trabajadoras que puedan verse afectadas temporalmente por suspensiones de la actividad. Un objetivo al que también debería contribuir con iniciativa propia el Gobierno regional, dentro de su margen competencial, en materia de promoción económica y del empleo.