"Apostamos por un servicio público cercano a la ciudadanía frente a los anuncios del ministro de centralizar en grandes ciudades y capitales de provincia los actuales partidos judiciales y oficinas del Registro Civil"
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha convocado a CCOO y al resto de sindicatos a una reunión que se celebrará esta mañana, una primera toma de contacto "con el fin presentar las líneas maestras de trabajo del Departamento para esta legislatura e iniciar una línea de comunicación abierta y permanente", según su convocatoria. Para CCOO, la reciente comparecencia del ministro ante la Comisión de Justicia del Congreso fue lo suficientemente ilustrativa como para alertar a los pequeños y medianos ayuntamientos. De prosperar el modelo organizativo planteado, millones de personas se verían privadas de un servicio público cercano, al que tendrían que acceder desplazándose decenas de kilómetros, lo que creará una atención de segunda categoría para la ciudadanía de la España más despoblada.
Los juzgados de ámbito provincial existentes en la actualidad no han mostrado más eficacia que los de partido judicial. El atasco en muchos de ellos viene determinado por su excesiva carga de trabajo en relación con el escaso número de jueces y juezas y del personal no judicial que atiende las oficinas. Valgan de ejemplo los insoportables colapsos en los juzgados provinciales de "cláusulas suelo" o en los de lo Social, donde son desgraciadamente frecuentes señalamientos de juicios para dentro de varios años. Lo mismo ocurre en la mayoría de los Juzgados de lo Penal donde las ejecuciones de sentencia se eternizan debido a la falta de medios personales suficientes, lo que hace inviable una justicia eficaz y de calidad.
CCOO ha reiterado sus exigencias al actual ministro de Justicia para que las oficinas del Registro Civil se mantengan abiertas en todas las localidades como se viene haciendo desde hace 150 años prestando un servicio público cercano a la población que ahora peligra. De la misma forma debe mantenerse la actual demarcación de los juzgados en los partidos judiciales. Lo contrario es una clara supresión de servicios públicos esenciales en las pequeñas y medianas poblaciones, como lo sería la supresión de colegios públicos o centros de salud. En la región de Murcia se verían afectados. En la actualidad hay en la región 34 Juzgados de Paz de los que 24 están servidos por personal de la Administración de Justicia (en la siguiente tabla se señalan en rojo), y el resto, 10 (en azul), están atendidos en los distintos ayuntamientos por personal de éste.
"Consolidaremos un Estado del Bienestar inclusivo con las zonas rurales. Nos comprometemos a extender el conjunto de los servicios públicos del bienestar a toda la ciudadanía al margen del tamaño, la dispersión o el grado de envejecimiento de su población, desarrollando acciones que favorezcan el arraigo y asentamiento de la población y que garanticen una igualdad de oportunidades efectiva." Este texto literal está recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición, en su punto 8, titulado "Revertir la despoblación. Apoyo decidido a la España Vaciada". PSOE y UP no pueden comprometerse a extender los servicios públicos a las zonas en riesgo de despoblación, mientras uno de sus ministros anuncia el cierre de miles de oficinas judiciales y del Registro Civil, que son un servicio público esencial, más en localidades alejadas de grandes núcleos urbanos.
LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Por otra parte, CCOO aprovechará esta reunión para transmitir al ministro de Justicia las reclamaciones de carécter laboral que permanecen sin respuesta tras los duros recortes infringidos al personal público desde el año 2010.
El Sector de Justicia de este sindicato se ha dirigido ya por escrito a Juan Carlos Campo, reclamándole la inmediata convocatoria de la mesa de negociación y señalando como principales y más urgentes peticiones el reconocimiento al personal de Justicia de la carrera profesional y la mejora sustancial de las retribuciones en los cuerpos y categorías profesionales dependientes directamente del Ministerio, ya que son claramente inferiores y discriminatorias respecto a las del personal de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
CCOO, ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer, también reclamará la negociación urgente del Plan de Igualdad en la Administración de Justicia (a lo que se han negado los sucesivos gobiernos del PP y PSOE), donde más del 70% de la plantilla son mujeres afectadas por la denominada "discriminación indirecta". Son ellas las que sufren con mayor virulencia las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar (al asumir más responsabilidades en los cuidados o directamente por el embarazo o parto), se ven obligadas a solicitar permisos no retribuidos para esos cuidados y no pueden optar a los puestos mejor pagados donde se realizan servicios de guardia fuera de la jornada ordinaria, lo que provoca que perciban de media alrededor de un 5% menos que los hombres en sus retribuciones.