La iniciativa 'popular' pretende cerrar "cualquier resquicio legal de los okupas para mantenerse en la vivienda usurpada"
"Garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes, y la convivencia social son los objetivos de la iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea Regional presentada en rueda de prensa esta mañana su portavoz, Joaquín Segado, junto a la viceportavoz, Miriam Guardiola y el diputado regional, Víctor Martínez-Carrasco.
"Proponemos al Gobierno de España que emprenda una profunda reforma legal que permita, entre otras cosas, desaloja una vivienda ocupada ilegalmente en el plazo de 12 horas", afirma Joaquín Segado quien recuerda que "el número de ocupaciones ilegales de vivienda ha crecido en España un 58% en los últimos años, y la Región de Murcia no es ajena a un problema que preocupa mucho a los ciudadanos".
Recuerda en este sentido, los problemas que se originan con muchos domicilios de la costa que solo se ocupan en verano y pertenecen a personas de fuera de la Región o extranjeros. "Tenemos que arbitrar las medidas legales para proteger a los propietarios de las viviendas frente a quienes se instalan en ellas de forma ilícita y desalojarlos se convierte en un lago y tortuoso proceso", asevera.
El portavoz parlamentario del PP señala que es necesario "acortar los plazos judiciales para hacer efectivos los desalojos y cerrar cualquier resquicio legal al que puedan acogerse los okupas para mantenerse en la vivienda usurpada". La propuesta impulsada por el PP contempla el refuerzo de las penas asociadas a los delitos de usurpación que pasarán de "multa a privación de libertad de uno a tres años", manifiesta Joaquín Segado quien subraya también la introducción de forma específica en la reforma de la figura mafias de ocupación, "unas redes que se han extendido en los últimos años que utilizan los inmuebles para cometer actividades delictivas".
También se recoge la reforma de los procesos civiles con el fin de que "las personas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas para recuperar la posesión de sus propiedades2, señala Joaquín Segado, lo que supone una modificación de la ley aprobada en junio de 2018.
Otro de los aspectos novedosos de la iniciativa es el que facilita a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas. "Se trata de garantizar la convivencia vecinal para lo que también proponemos que ningún okupa ilegal sea pueda inscribir en el padrón municipal". Esta medida supondría una modificación de la Ley de Bases de Régimen Loca.
Segado ha dejado claro que las reformas legales propuestas "no regula los desahucios hipotecarios no arrendaticios no tiene nada que ver con la protección de las personas en situación de emergencia social".