Los soportales de la Asamblea Regional de Murcia han acogido, por primera vez en su historia, la lectura del Manifiesto sobre el síndrome de Asperger, en el Día Internacional de esta discapacidad.

El presidente de la Asamblea, Alberto Castillo y los diputados regionales que asistían a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, han interrumpido sus quehaceres para arropar con su presencia la lectura de este documento, con el que se ha reivindicado el reconocimiento de este trastorno como discapacidad social.

Castillo ha introducido el acto con unas breves palabras en las que ha puesto de manifiesto que la Asamblea sale a la calle “para mostrar nuestro apoyo y concienciación hacia las personas que padecen el síndrome de Asperger”.

El presidente ha recordado que la iluminación de la fachada de color azul durante la noche de ayer fue otra muestra de solidaridad de la Asamblea con los afectados por esta discapacidad psicosocial.

A continuación, María Victoria, miembro de la Asociación, ha procedido a la lectura del Manifiesto, en el que se ha pedido la materialización de un Plan de Acción, dotado de recursos y medidas específicas, que favorezcan la sensibilización, identificación y respuesta a las necesidades de las personas con síndrome de Asperger, en función de las diferentes etapas de su ciclo vital, tal y como contemplaba la proposición no de ley sobre la Estrategia Española en Trastornos del Espectro de Autismo (TEA), aprobada hace más de cuatro años en el Congreso de los Diputados.

También se ha denunciado la incomprensión de profesores y compañeros hacia los escolares con síndrome de Asperger, “porque resulta difícil comprender que personas inteligentes y sin ningún rasgo físico observable puedan tener una discapacidad social en la base de sus conductas o presenten sensibilidades perceptivas, que, a veces, alteran el funcionamiento habitual de las clases”… “Nuestro alumnado no podrá desarrollar su potencial si el ambiente en las aulas es hostil y los métodos de enseñanza no se adaptan”.

La inclusión laboral efectiva ha sido otra de las reivindicaciones de este colectivo con un 80% de desempleo, que ha subrayado la contradicción que supone el reconocimiento de su discapacidad y la imposibilidad de acceder a la Administración Pública, a través del cupo de plazas reservado para las personas con discapacidad, porque ni tienen dificultades cognitivas ni padecen enfermedad mental.

“Pedimos   - han concluido- que, en aplicación de los convenios internacionales de atención de la infancia y a los de las personas con discapacidad, tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos como personas, a ser respetados y en definitiva a ser comprendidos e integrados, para ser autónomos, aportar a la sociedad y soñar con poder ocupar un espacio social sin violencias”.