La resolución adoptada por el Gobierno Regional y publicitada a la hora de la concentración supone reconocer la ilegalidad manifiesta de las instrucciones dictadas a principio de curso.

Con ella se estaba posibilitando la inasistencia de alumnos a charlas dadas por la policía, servicios médicos y otros colectivos funcionarios, englobadas en muchos casos en programas dirigidos por la propia Consejería, de Educación y Salud.

La corrección del gobierno regional no supone en todo caso la eliminación del denominado veto parental que pone en duda la labor y criterio de los profesores enarbolando una objeción de conciencia inexistente en nuestro ordenamiento para materias consideradas curriculares.

Además, no tenemos constancia que el gobierno regional, ante la solicitud de VOX y con el apoyo del resto de grupos políticos, realice cambios en el decreto para intentar hacer pasar el veto parental como válido.

Entendemos por tanto que la movilización debe continuar y por ello nos adherimos a la concentración programada el próximo 11 de febrero, convocada por la Marea Verde.