El grupo parlamentario de Ciudadanos y la Consejería de Transparencia van a impulsar esta legislatura la implantación en la Región de un Sistema de Integridad Institucional en toda la administración regional. Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, y en el marco de una jornada sobre Ética e Integridad Pública, la consejera Beatriz Ballesteros ha recordado que la proposición de ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la corrupción va a presentar el grupo parlamentario “incluye todos los elementos clave de este sistema, no solamente los códigos de conducta dirigidos a altos cargos y empleados públicos, sino c&oac ute;digos éticos específicos en diferentes materias y colectivos”, ha destacado la consejera. En particular, el texto que ultima el grupo parlamentario “nos va a permitir dotarnos de códigos específicos de buenas prácticas en materia de contratación pública, pero también en materia de subvenciones”.
Además, la nueva Comisión de Ética Institucional cuya creación prevé el proyecto legislativo será la encargada del desarrollo, fomento y efectivo cumplimiento del Sistema de Integridad Institucional: “No va a ser un órgano decorativo, porque podrá proponer medidas correctivas que llegan a incluir el cese del alto cargo o funcionario de libre designación que conculque este sistema”, ha añadido la titular de Transparencia en el Gobierno de coalición.
Junto a los códigos se establecen los instrumentos para garantizar el desarrollo del sistema en toda la administración regional, primero con la puesta en marcha de un buzón ético que “servirá como canal a través del que los ciudadanos podrán trasladar hechos presuntamente irregulares, inapropiados o contrarios a los códigos cometidos por los altos cargos y los empleados públicos”, ha apuntado Ballesteros: “Es un canal que garantiza la confidencialidad y anonimato de los alertadores o denunciantes, así como la reserva debida sobre el presunto autor de la actuación irregular”. La normativa prevé además garantías de indemnidad contra los alertadores, tales como la movilidad o la asistencia psicológica. El texto recoge asimismo la necesidad de elab orar un plan de prevención de la corrupción y dedica un título específico a regular los grupos de interés o ‘lobbies’, creando un Registro de Grupos de Interés de inscripción obligatoria.