Han criticado duramente los ataques recibidos por la ultraderecha en los que cuestionan derechos y libertades consolidados hace años y han advertido que no darán un paso atrás en las conquistas que han sido consolidadas por nuestro Estado de Derecho

Denuncian el incumplimiento de las medidas recogidas en el Pacto Regional contra la Violencia de Género, acordado en 2018, y exigen su inmediata puesta en marcha, con especial rigor en el ámbito educativo para prevenir, detectar, intervenir y apoyar a las víctimas de violencia de género

La Asamblea Feminista, organización constituida por más de una veintena de asociaciones de la Región, ha convocado una manifestación el próximo día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, con el fin de denunciar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas ante las diversas expresiones de maltrato a las que son sometidas, muchas de las cuales acaban en el asesinato de las mismas.

La manifestación partirá a las 19 h. de la Plaza de la Merced, y recorrerá la avenida de la Libertad hasta la calle Martínez Tornel, donde se dará lectura a un Manifiesto en el que serán denunciadas aquellas situaciones de mayor gravedad que impiden a las mujeres disfrutar de los derechos y libertades fundamentales y llevar una vida digna. Entre ellas, destacan el maltrato físico y psicológico, pero también la violencia de las que son objeto las mujeres esclavizadas, las que sufren violaciones sexuales o aquellas que son víctimas de trata.

En este sentido, han recordado que desde el año 2003, fecha desde la que se computan estos datos, se han constatado la funesta cifra de 1026 mujeres asesinadas por 1026 asesinos correspondientes a sus parejas o exparejas. En lo que respecta a este año, una vez más España presenta el trágico balance ascendente de mujeres asesinadas, que según cifras oficiales correspondería a 51 mujeres y tres menores, aunque otras fuentes consultadas elevan dicha cifra hasta 90 víctimas, lo que también se traduce en un total de 41 menores que han quedado huérfanos.

Esta situación se ve agravada con el alarmante aumento de las agresiones sexuales en "Manada", ya que en 2019 han sido denunciadas 55 violaciones en grupo. Además, según cifras oficiales, cada 5 horas una mujer es violada en nuestro país, algunas de las cuales son finalmente asesinadas aunque en los registros oficiales no consten como muertes ocasionadas por violencia de género.

Esta trágica realidad pone de manifiesto que vivimos en un modelo de sociedad patriarcal, en la que las relaciones entre hombres y mujeres se siguen construyendo sobre la base de desigualdad y donde un importante número de hombres continúan cosificando a las mujeres y convirtiéndolas en objetivo de una violencia que no cesa.

La Asamblea Feminista también ha criticado duramente los ataques recibidos por la ultraderecha, cuestionando derechos y libertades consolidados hace años, así como el silencio cómplice de sus socios de gobierno. Consideran extremadamente peligrosa la inacción de estos ante discursos políticos incitan al odio hacia las mujeres feministas defensoras de la igualdad y llegan cuestionar el Estado de Derecho consolidado en nuestro país.

Han recriminado la incompetencia del Gobierno Regional para poner en marcha los acuerdos adoptados en el Pacto Regional contra la Violencia de Género. "En su lugar admiten la manipulación de la realidad desvirtuando la violencia machista por el término violencia intrafamiliar con el que se pretende justificar y restar gravedad a un delito.

Ante esta esperpéntica situación, la Asamblea Feminista exige al Gobierno que actúe de forma seria, efectiva y con dotación presupuestaria suficiente para hacer efectivas políticas de igualdad que proporcionen, por un lado elementos de prevención y protección real a las mujeres, y por otro, instrumentos para la formación y concienciación social frente a cualquier expresión de violencias machistas.

En este sentido, consideran prioritario el cumplimiento riguroso de la ley 3/2019, que modifica la Ley 7/2007 de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, y de la Ley 8/2016, de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, y de Políticas Públicas contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por otra parte, este amplía representación de feministas de la Región considera que la vulnerabilidad de las mujeres también está asociada a las dificultades para acceder y mantener un puesto de trabajo. Las condiciones de precariedad laboral son más acusadas que en los hombres, lo que se manifiesta de forma determinante en una brecha salarial que oscila entre el 20% y 30%, un mayor índice de temporalidad y el abuso de contratos a tiempo parcial, en muchos casos falsos. Todo ello repercute en unas condiciones de pobreza actuales, que se verán acusadas en el futuro con unas pensiones que apenas permitirán sobrevivir a muchas mujeres.

Asimismo, en el ámbito laboral es esencial el respeto los derechos laborales de las víctimas de violencia de género o la penalización del acoso sexual y las discriminaciones por razón de sexo. Para hacer frente a tales situaciones es exigible el Real Decreto Ley 6/2019de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que establece la obligatoriedad para que las empresas elaboren y apliquen un plan de igualdad.

La Asamblea Feminista también ha denunciado el incumplimiento de las medidas recogidas en el Pacto Regional contra la Violencia de Género, acordado en 2018, y en el que se contemplaba la implantación o actualización de planes y programas municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ni creado una Mesa de coordinación con los Ayuntamientos para abordar este y otros temas, así como hacerlos partícipes del Observatorio de Igualdad y Violencia de Genero.

En lo que respecta al ámbito educativo, el mencionado Pacto ha quedado igualmente "en papel mojado", al no asegurar la presencia en los consejos escolares y las AMPAS de los centros educativos personas que velen por el cumplimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Por ello, las asociaciones feministas exigen la introducción de una asignatura de libre configuración en materia de igualdad, dirigida a prevenir desde edades tempranas la desigualdad, así como detectar, intervenir y apoyar a las víctimas de violencia de género en el segundo tramo de Primaria y segundo ciclo de la ESO.

Estas y otras medidas que deberían haber sido adoptadas por la consejería de Educación han sido totalmente ignoradas en el curso 2019/2020, pese a ser consciente de que la eliminación de discriminación por razón de sexo en el sistema educativo incidiría de forma positiva en la lucha contra las violencias machistas. Por ello se reclama que de forma inmediata se implante una enseñanza coeducativa y laica que forme en el respeto a la diversidad de género en todos los niveles educativos de la enseñanza, fundamentada en la concienciación, la tolerancia y el respeto.