10 millones de personas en el mundo son apátridas, 70 mil de ellas menores. En España la media de solicitudes es de 1.600 anuales, casi en su totalidad de personas saharauis

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha participado esta mañana en el acto de apertura de la Jornada "Derechos de las personas apátridas. Tareas Pendientes", organizada por la Fundación Cepaim y la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. En ella ha sido abordada la situación de desamparo que viven más de 10 millones de personas en todo el planeta que carecen de nacionalidad, y por tanto de derechos básicos como la sanidad o la vivienda.

En dicha Jornada, han participado, entre otros, la Subdirectora General de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, representantes de la Agencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Plataforma de Apatridia de la Red Europea (ENS), así como un amplio aforo de sociedad civil, fundamentalmente estudiantes.

Jiménez ha felicitado la colaboración de la Facultad de Derecho, y de una ONG nacida en Murcia, como es Cepaim que este año ha adquirido el estatus consultivo de Naciones Unidas, por crear conjuntamente la Clínica Jurídica, lo que permite a los estudiantes adquirir conocimientos de carácter social, fundamentalmente relacionados con problemas de derechos humanos.

Ha subrayado que el sistema legal español es un referente a nivel mundial en cuanto a la puesta en marcha del procedimiento de determinación del estatuto de apátrida, para conferirles seguridad jurídica, de acuerdo con el mandato de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 15 indica que "Toda persona tiene derecho a una nacionalidad". También con la Convención de Naciones Unidas de 1961 ratificada por el Gobierno de España en octubre de 2018, y a través del compromiso adoptado en el Pacto Global sobre los Refugiados, adoptado en diciembre del pasado año.

Esta situación también es abordada en nuestra legislación, como en la Ley 8/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, o el Real Decreto 865/2001 por el que se aprobó el reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida. Para los trámites correspondientes se cuenta con la Oficina de Asilo y Refugio

El delegado del Gobierno ha recordado que actualmente hay más de 10 millones de personas que no son reconocidos como ciudadanos por ningún país, de los que 70.000 son menores, lo que les impide disfrutar de derechos básicos como la sanidad, la educación, la vivienda, el trabajo, el derecho a contraer matrimonio, incluso a tener un entierro digno.

Finalmente ha informado que en los últimos cinco años, las autoridades españolas han recibido una media anual de 1.600 solicitudes de Apatridia, de las que el 99 por ciento corresponden a personas saharauis. En su opinión, "debemos sensibilizar a la sociedad sobre la situación infrahumana de estas personas, que han perdido todo a causa de la violencia o la persecución, que huyen del hambre y la miseria, y necesitan que se les reconozca un estatus legal, puesto que existen físicamente, pero no sobre el papel".