Con el anuncio del contenido de la Sentencia en relación a la exhumación y posterior inhumación del General Franco, el Tribunal Supremo ahonda la brecha que los separa cada vez más de la mayoría social. Y ello, además, propiciando que el Gobierno socialista siga aprobando leyes particulares que no buscan el bien común, sino solo la agitación social en beneficio propio.

El Carlismo no necesita inventarse una falsa memoria «histórica» para demostrar su antifranquismo, pues la historia lo confirma. La Comunión Tradicionalista Carlista estuvo el 18 de julio de 1936 con el alzamiento popular que inició la Cruzada de Liberación, pero no estuvo nunca a favor de un gobierno militar autoritario como el que rigió España hasta el 20 de noviembre de 1975. Como prueba basta la condena de Fal Conde (Jefe Delegado de la Comunión) al exilio en Portugal por oponerse a la Unificación, y el posterior confinamiento en Ferrerías.

Sin embargo, esta realidad no impide al Carlismo manifestarse contrario a la exhumación y posterior inhumación en lugar diferente a la Catedral de la Almudena de los restos del General Francisco Franco. 

Y es que la obsesión del Gobierno socialista pretendiendo el traslado de sus restos no tiene más objeto que reabrir heridas ya cerradas desde las décadas de los años 50 y 60, muy principalmente desde el Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que el bando vencedor de la Cruzada manifestó su voluntad de perdonar los asesinatos perpetrados antes y durante la misma por las fuerzas adictas al Frente Popular.

Además, el traslado de sus restos es un acto de cobardía impropio de españoles, pues ni siquiera la crueldad de los prepotentes liberales del siglo XIX, vencederos de tres guerras civiles, mostro tanta insania, y al menos en apariencia supieron mantener la caballerosidad propia de los españoles, que nunca hasta ahora consideran como enemigo a un muerto.

Sorprende, además los falsos argumentos del Gobierno, sosteniendo que ninguna nación europea mantiene mausoleos a dictadores. En primer lugar por cuanto no es verdad, como prueba la existencia, en Francia, de un Mausoleo nacional a un despiadado y asesino dictador como fue Napoleón Bonaparte. En segundo lugar, por cuanto la Basílica del Valle de los Caídos no es un mausoleo, sino un templo. En el que además, el General Franco no pensó ser enterrado, decisión que se debido a Juan Carlos de Borbón y al Gobierno de entonces. En tercer lugar, por cuanto en España, y en Madrid mismo, se mantienen monumentos (estos sí, laudatorios) a traidores españoles y genocidas como el dictador Simón Bolívar, o a golpistas antidemocráticos confesos como el socialista Francisco Largo Caballero.

Con todo, lo más grave es la tremenda irresponsabilidad del Tribunal Supremo, que se ha plegado de forma unánime a las pretensiones del Gobierno. Esta actuación, unida a la subordinación de la Sala I del Tribunal Supremo a los intereses del Gobierno y de la Banca especulativa en relación a las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios, hace tambalearse a todo el sistema político español, pues se demuestra que los Tribunales responden a intereses políticos. 

En el presente caso, ya es bastante que el Tribunal Supremo de por buena una «ley particular», como para agravar la situación impidiendo a la familia del General inhumar sus restos donde mejor entiendan. Al parecer, se alegan motivos de seguridad, cuando en cualquier nación medianamente civilizada no puede impedirse el ejercicio de un derecho alegando motivos de seguridad, pues la labor de cualquier Gobierno es, precisamente, garantizar la seguridad de los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos. 

Dar por buena esta argumentación es tanto como si alegando motivos de seguridad ciudadana en Barcelona, por el aumento de los atracos, se prohibiera a los ciudadanos deambular libremente por las calles. O como si se prohibiera a las jóvenes españolas, debido al aumento de agresiones sexuales generadas por la falta de moralidad pública, a que salieran de sus casas a partir de las 12 de la noche.

Desde la Comunión Tradicionalista Carlista queremos manifestar que el Gobierno y las fuerzas autodenominadas “progresistas” no engañan a nadie. A Franco se le persigue no por ejercer un gobierno autoritario (es más, la izquierda siempre fue amiga de los gobiernos dictatoriales… si son de izquierdas), sino por ser un Jefe de Estado Católico. Lo mismo que se persigue nuestra memoria histórica vinculada a la Reconquista de España, por ser obra católica. Como se criminaliza nuestra labor de civilización en América y demás territorios de la Monarquía Hispánica por ser obra católica.

Por ello, la Comunión Tradicionalista Carlista manifiesta su repulsa al comportamiento cobarde del Gobierno; a la actitud lacayuna del Tribunal Supremo; y a la tibieza de la mal llamada “oposición”.