En su memoria anual, la Fiscalía General del Estado refleja un aumento de la violencia machista y de las agresiones sexuales protagonizadas por menores, con datos sin duda inquietantes. Sin embargo, la solución sugerida por parte de la misma Fiscalía - normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados- no puede calificarse sino como una ocurrencia que en nada ayudará a resolver este grave problema.

Instalar cámaras de videovigilancia en aulas y despachos de los centros escolares resulta una medida no solo desproporcionada (las aulas ya son espacios tutelados y controlados por parte de las y los docentes presentes en las mismas), sino de dudosa legalidad (el alumnado menor de edad está amparado en los centros por la Ley del Menor), que además entra en conflicto directo con el derecho a la intimidad tanto del alumnado como del profesorado y, dada su inconcreción, genera desconfianza sobre el control de las grabaciones y su uso posterior.

Por otra parte, es opinión generalizada que la presencia de cámaras deteriora el respeto a la figura docente, a la vez que va en detrimento del desarrollo de la autorresponsabilidad del alumnado. Lo repetimos: las aulas son un espacio tutelado y vigilado, como también lo son los patios de recreo y el resto de espacios comunes; una tutela que puede mejorarse, dotando al profesorado de recursos, herramientas y condiciones laborales adecuadas a las distintas realidades de los centros:

• Ratios más bajas, tanto en el aula como en los tramos de recreo.
• Formación en horario lectivo para el profesorado, con una decidida apuesta por la oferta de formación en el ámbito afectivo-sexual, cuestión cada vez más negada por las distintas administraciones educativas.
• Planes de igualdad en todos los centros, que aborden de forma prioritaria la educación afectivo-sexual.
• Acción tutorial que asuma como eje vertebrador la igualdad y el reconocimiento de la diversidad sexual, en todos los niveles educativos.
• Establecer protocolos de actuación que respondan a las necesidades de cada centro.

Abordar en el ámbito escolar un problema de esta envergadura, complicado además por el repunte de cuestiones que recoge la propia memoria de la Fiscalía como el rechazo a la igualdad, la imitación de casos de acoso y violencia sexual, la homofobia o la cosificación de las mujeres, requiere concretar medidas que los STEs venimos reclamando desde hace muchos años: tener la voluntad política para aumentar la financiación de la escuela pública hasta niveles propios de nuestro entorno europeo, disminuir las ratios de forma generalizada, aumentar las plantillas en todos los niveles educativos, disminuir la carga lectiva de los horarios, aumentar los recursos para atender la diversidad, invertir en la formación del profesorado y acabar con los recortes que deterioran nuestro sistema público de educación.