· Muchas familias de la región se enfrentan a un grave problema de conciliación durante estas fechas porque los recursos no son accesibles para sus hijas e hijos con discapacidad intelectual y desisten de solicitarlos.
· Plena inclusión Región de Murcia rechaza las situaciones que se han dado en otras comunidades en los que menores han tenido que abandonar campamentos o incluso han sido expulsados.
· Los ayuntamientos son responsables de que todos los niños puedan acceder en igualdad de condiciones a sus recursos, para lo que son necesarios profesionales en número suficiente y debidamente formados.
Plena inclusión reclama a las administraciones locales responsables de gestionar recursos vacacionales –como los campamentos de verano y las instalaciones y actividades turísticas y recreativas-, que tomen las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a los mismos en igualdad de condiciones que el resto, tal y como establece el artículo 30 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008.
Actualmente, la gran mayoría de este tipo de instalaciones y actividades municipales no está adaptada, no dispone de medidas de accesibilidad cognitiva y, sobre todo, no cuenta con los profesionales y los apoyos necesarios para realizarse desde una perspectiva inclusiva para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Las familias de estas personas –especialmente aquellas que tienen niños en esta época de largas vacaciones escolares–, se encuentran con un verdadero problema de conciliación laboral al ver muchas veces denegada la inscripción de sus hijos a este tipo de recursos, como campamentos urbanos o convivencias. Muchas veces simplemente estas familias desisten ante las condiciones insuficientes que se les ofrecen.
Por eso, Plena inclusión Región de Murcia demanda a los ayuntamientos que presten los apoyos adecuados que garanticen el uso y disfrute de estos recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, también a aquellos con discapacidad intelectual. Esto implica contar con profesionales de apoyo en número suficiente y con la formación específica adecuada para dar respuesta a esta situación. La participación de estas niñas y niños no es una opción o una concesión puntual, sino el cumplimiento de un derecho garantizado por la legislación española.
Además, las 3.000 familias de las 27 asociaciones integradas en Plena inclusión Región de Murcia condenan las situaciones que se han producido en otras comunidades autónomas donde menores han tenido que abandonar campamentos o han sido expulsados de los mismos por no contar éstos con los medios adecuados.