El Sindicato de Enfermería intensifica las reuniones y contactos con representantes de los profesionales afectados y del Ministerio del Interior para que se priorice el traspaso de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Autónoma.
Grave déficit de plantillas, realización de funciones propias de otros profesionales, altos niveles de estrés o discriminaciones a nivel laboral y retributivo constituyen el lamentable "día a día" de la enfermeras y enfermeros que trabajan en los centros penitenciarios.
El Sindicato de Enfermería, SATSE, está manteniendo reuniones y contactos con representantes de las enfermeras y enfermeros que trabajan en los distintos centros penitenciarios para trazar una estrategia de actuación conjunta de cara a lograr el compromiso del próximo ministro del Interior de que cerrará los acuerdos necesarios con la Comunidad Autónoma para culminar el traspaso de la sanidad penitenciaria.
Estos encuentros con los representantes de los enfermeros y enfermeras de prisiones se suman a sucesivas peticiones realizadas desde SATSE a los responsables del Ministerio del Interior, a través de cartas o contactos personales, para que den una solución definitiva a un problema enquistado desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos. En la actualidad, hay de media solo una enfermera o enfermero para atender a 100 presos.
En la última carta de SATSE, dirigida a la subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, Carmen Martínez, la organización sindical insiste en que el grave déficit de enfermeras y enfermeros, así como de otros profesionales sanitarios, pone en serio riesgo la atención que se presta a las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en los más de 90 centros penitenciarios que hay en nuestro país.
Al respecto, SATSE recalca que los enfermeros y enfermeras se han convertido en profesionales sanitarios "para todo", viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…)
De otro lado, la modificación del sistema de guardias ha generado una situación "caótica" que obliga a esto profesionales a estar en una permanente situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridos. Además, no pueden disfrutar, en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia.
A nivel retributivo, los profesionales de Enfermería también sufren una clara discriminación con respecto a sus compañeros/as que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes, afirman desde SATSE, apuntando que no se tienen en cuenta tampoco las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son inherentes a su desempeño laboral.
Existe, además, una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, como son los funcionarios de vigilancia, y otra, aún más sustancial, con los funcionarios que trabajan en las oficinas del centro penitenciario y que no tienen ningún contacto con los presos, al percibir éstos un complemento específico muy superior al de los enfermeros y enfermeras, añaden.
Ante esta lamentable realidad, desde SATSE se reclamará al nuevo responsable del Ministerio del Interior, una vez sea nombrado, que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y Euskadi, que ya cuentan con las competencias pertinentes.
Un traspaso de competencias que debió producirse el 1 de diciembre de 2004, según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que acabaría con la discriminación que sufre la población reclusa con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones, concluyen desde el Sindicato.