ANSE muestra su estupefacción y rechazo al archivo de varias causas judiciales que investigaban supuestos casos de corrupción, por aplicación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija unos plazos máximos de instrucción, y pide a los representantes políticos que, para creer en la Justicia, procedan a su urgente derogación.
El último caso se produjo la semana pasada, y es especialmente indignante para esta asociación. Se trata del caso “La Sal”, en el que se investigan las posibles actuaciones delictivas que rodearon la contratación, adjudicación y gestión de la Desaladora de Escombreras, un caso sin duda emblemático por haber sido en su día la instalación sobre la que pivotó la orgía urbanística que se desató en la Región de Murcia y que puso en venta parte de nuestros espacios costeros más emblemáticos.
ANSE, junto a otras asociaciones, viene colaborando activamente con la Administración de Justicia en la protección del patrimonio natural, realizando un esfuerzo personal y económico para defender el interés público, y ha colaborado activamente en la investigación de asuntos como La Zerrichera, Marina de Cope, Novo Carthago, Lo Poyo, Puerto Mayor, La Sal...Lo hacemos porque entendemos que es nuestra obligación y porque sabemos de la importancia de la Justicia en la protección de nuestros recursos naturales, pese a las dificultades que ello conlleva.
Por eso no podemos entender que causas de la importancia del caso de la Desaladora se cierren en falso, sin investigar a todos los implicados y sin analizar todos los hechos que lo rodean, por el mero transcurso de un plazo procesal que, ya lo estamos viendo, se reguló con la única intención de crear estos espacios de impunidad que permitieran a los de siempre quedar fuera de la lupa judicial. Y por eso no podemos entender, tampoco, que habiendo cambiado las mayorías parlamentarias, ese artículo siga sin ser derogado, mientras seguimos viendo cómo van archivándose las causas por corrupción.
Sabemos que tanto los jueces como los fiscales tienen que aplicar la ley; sabemos también que el Tribunal Supremo modificó recientemente el criterio que aplicó la juez del caso La Sal; pero no podemos dejar de quejarnos amargamente por tanto esfuerzo tirado a la basura; por tanta impunidad regalada a quienes han vendido esta Región y su futuro al mejor postor. Y sobre todo, por el enorme riesgo que supone que la ciudadanía deje de percibir a la Administración de Justicia como garante último de sus derechos.
Por ello, solicitamos a la Justicia que se depuren las responsabilidades que pueda haber en estos casos, así como que se extremen las precauciones y cautelas para evitar que se repitan. Somos conscientes de la total ausencia de medios materiales y humanos con que lidian en los Juzgados a diario, pero lo que está en juego no es solo el patrimonio natural de esta Región, que no es poco, sino la confianza en el sistema judicial, y con ello, la propia democracia.
Todos los poderes se deben implicar en esta tarea: al legislativo exigimos la derogación inmediata del art. 324 LECrim. Al ejecutivo, la dotación presupuestaria suficiente para la Administración de Justicia. Y al Judicial, que se extremen las precauciones y cautelas para que no se repitan casos como el mencionado, y la depuración de las posibles responsabilidades. Y a la ciudadanía no nos queda sino seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Porque nos lo jugamos todo.