STERM Intersindical ha denunciado sistemáticamente el abandono de la red de centros públicos de la región. En primer lugar, por el recorte en las partidas económicas destinadas al mantenimiento y funcionamiento de colegios e institutos que han sufrido un recorte de más de 1,35 millones de € con respecto al ejercicio de 2018 y que en algunos centros han supuestos pérdidas de más del 30% de su presupuesto. Y, en segundo lugar, por la falta de un Plan Integral de Centros, consensuado con la comunidad educativa y las administraciones locales, que resuelva las necesidades de las infraestructuras educativas regionales y permita dotar a los centros de todo lo necesario para garantizar su correcto funcionamiento.
En este contexto, los equipos directivos, el profesorado en su conjunto y las propias familias del alumnado se ven obligados a hacer auténticos malabares con los recursos que tienen. A pesar de las promesas del gobierno regional de ingresar de manera mensual estos pagos, los centros educativos siguen sufriendo los retrasos del ya de por sí escaso presupuesto para gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros educativos.
Mientras, STERM Intersindical denuncia como año tras año aumentan las partidas presupuestarias destinadas a los centros concertados siendo la Región de Murcia la segunda Comunidad Autónoma que más ha aumentado el desvío de fondos a la enseñanza privada-subvencionada en la última década. José Manuel Fernández, co-portavoz del sindicato, señala que “este es un modelo educativo que pone en peligro la Escuela Pública y convierte a la educación en un negocio rentable para unos pocos pero desastroso para el futuro de nuestra región que se encuentra a la cabeza en las tasas de abandono escolar temprano”.
Ante esta situación, el sindicato reclama a la Consejería de Educación que abone los gastos pendientes a la mayor brevedad posible para que estos puedan garantizar el normal funcionamiento de los centros educativos y que revierta de una vez por todas su política de recortes que afecta no sólo a las condiciones laborales del profesorado si no a la educación en su conjunto