El TSJ de Murcia ha confirmado, en sentencia de apelación de fecha 15 de febrero la sentencia que, el pasado mes de febrero de 2018 dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Murcia, anulando la Plantilla Orgánica establecida por la Consejería de Educación para el curso 2016-2017.

Las resoluciones judiciales dejan claro que, contrariamente a lo sostenido por la Administración, la aprobación de la plantilla orgánica exige la previa negociación de la misma con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, ya que afecta a las condiciones de trabajo del personal docente de la Consejería.

La sentencia afirma literalmente: “Que se hayan negociado los criterios generales para determinar las vacantes no excluye que también deban negociarse la modificación de la plantilla orgánica en aquellos aspectos que afecten a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, esto es, sin pretender ser exhaustivo, cuando se suprimen puestos de trabajo o cuando determinan la modificación de las condiciones de trabajo determinando, por ejemplo, que una plaza sea itinerante.”

La resolución judicial viene a respaldar la reclamación de las organizaciones sindicales demandantes, todas las representadas en la Mesa Sectorial de Educación con la excepción de SIDI que decidió en su día no interponer la demanda, y un varapalo a la Administración que se ha venido negando a negociar esta cuestión de indudable trascendencia para el personal docente de la Consejería.

Una muestra más del talante poco democrático y el escaso o nulo margen de negociación que da la Administración para negociar las condiciones laborales el profesorado. Buena parte de estas medidas terminan sin el necesario apoyo de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación y se imponen a través de su aprobación por parte del gobierno regional. Un ejemplo muy ilustrativo es la nula voluntad política del gobierno regional del Partido Popular de negociar el fin de los recortes y un calendario de recuperación de derechos.