También reclaman una normativa regional de contaminación odorífera que acabe con los episodios de malos olores en la región

En la reunión del Grupo III. Sector Sector agrícola y Ganadero del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región de Murcia, Ecologistas en Acción ha planteado el riesgo emergente de deterioro de calidad del aire que representan las quemas agrícolas de diversa índole. En los últimos años, la contaminación provocada por quemas agrícolas, continúa siendo un problema de magnitud en diferentes municipios de la región de Murcia. Básicamente se dan dos tipos de prácticas:

a)     Eliminación de residuos vegetales, como podas y rastrojos, mediante su incineración. Ocurre durante el otoño e invierno, principalmente.

b)     Quemas contra las heladas. Se trata de la quema de alpacas de paja (y similares). Tiene lugar durante los meses de febrero y marzo. En este caso no se trata de una eliminación de residuos, sino de una técnica con la que se pretende contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas (heladas) sobre determinadas variedades de fruta temprana y extratemprana. En los últimos años se está extendiendo, además, la utilización de velas “antihelada” (velas de parafina).

La organización advierte que la quema de restos vegetales (podas, rastrojos o paja) genera humo que está formado por contaminantes como el metano (CH4), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), hidrocarburos, partículas PM10, PM2.5 y PM1. También se emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) como el benceno, y compuestos orgánicos semivolátiles (COSV) incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) como benzo[a]pireno. La quema de biomasa proveniente de tareas agrícolas es considerada también una fuente importante de dioxinas. Los factores que influyen en su emisión son las condiciones de la combustión, el contenido de cloro y la presencia de plaguicidas adsorbidos por la superficie de hojas y tallos en los residuos agrícolas.

La quema a cielo abierto de residuos agroforestales es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera[1] y sujeta a la ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, en tanto que se trata de una operación de eliminación de residuos agrícolas, y por tanto no permitida con carácter general al incumplirse la jerarquía de residuos que se establece en el artículo 8. Solamente se permite de manera excepcional, en aquellos casos en los que la quema se justifique para evitar la propagación de una plaga, en base a la ley 42/2002 de Sanidad Vegetal.

Sin embargo, esta excepción debe estar plenamente justificada por el órgano competente, y nunca exime de la obligación de que la actividad se lleve a cabo por medios que no pongan en peligro la salud humana o que dañen el medio ambiente.  

Otro problema es la permisividad de las administraciones con estas prácticas, y la falta de medidas efectivas para reconducir una situación que sigue afectando a decenas de miles de personas en nuestra región. Por eso es necesario un Plan de control de las quemas agrícolas que establezca un criterio restrictivo y la apuesta por alternativas a las quemas, el desarrollo la gestión de estos residuos, y técnicas sostenibles frente a las heladas.

Otro problema ambiental significativo es la contaminación odorífera. Los malos olores se han convertido en un problema constante, año tras año, en distintas zonas de la región. La contaminación odorífera tiene un origen diverso: purines de cebadero, residuos y vertidos en general, aguas fecales, lodos de depuradoras, abonado en actividades agrícolas, actividades industriales, etc. Para la Dirección General de Medio Ambiente, los malos olores son un problema invisible que solamente en algunos casos merece la atención de las autoridades locales. Estos hechos hacen más necesario y urgente la elaboración de una normativa regional que dé respuesta a estos episodios y que desarrolle medidas preventivas y precautorias, en coordinación con los ayuntamientos, frente a los diferentes focos de contaminación por malos olores.

[1] Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.