El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia ha recordado a la Croem que Podemos presentó el 11 de febrero un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Aceleración. El principal argumento del recurso de inconstitucionalidad se basa en la posible vulneración del artículo 9 de la Constitución puesto que puede crear inseguridad jurídica. Es decir, “la ley no es suficientemente clara en la regulación en materia urbanística y ambiental. Se trata de un texto confuso, de difícil comprensión no sólo para la ciudadanía, sino también para la Administración autonómica y local, que tendrá que aplicarla, lo que va a generar muchos problemas. Nos tememos que el PP la va a usar para poner a la venta la Región por piezas. Quieren despedazar y trocear lo que hasta ahora ha estado protegido. Es como una amnistía urbanística y medioambiental a aquellas empresas que llevan muchos años vulnerando la ley sin importar si perjudican a la Región”.
Óscar Urralburu ha subrayado que Podemos ha recorrido al Constitucional porque es una ley “tóxica, más propia del salvaje oeste, que simboliza el peor testamento que nos podía dejar el agónico gobierno de López Miras. Un testamento escrito por la patronal, para que los que controlan realmente la Región puedan descuartizar a gusto lo que es de todos y venderlo al mejor postor. Han puesto al zorro a cuidar de las gallinas”.
Para Urralburu la actitud del gobierno de López Miras es “miserable puesto que están cometiendo una gran injusticia con aquellos empresarios que llevan dos décadas haciendo esfuerzos por cumplir la ley. Estos empresarios son de los que se olvida el PP mientras que hace de sastre para aquellos piratas a los que les regala una amnistía urbanística y medioambiental”.
Asimismo, el PP y Ciudadanos han abierto la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, “algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra. No sé qué más le puede pasar a esta Región que ha visto como su Mar Menor ha sido destrozado”.
Óscar Urralburu ha contado que Podemos ha presentado un recurso ante el Constitucional porque lo que parece que el PP pretende hacer con esta ley es que sea “poco clara a propósito, sobre todo en materia urbanística y ambiental, para hacer lo que más le convenga a ellos y a sus redes clientelares. Por ejemplo, regula nuevos procedimientos relativos a figuras inexistentes en la normativa actual, como la llamada licencia de actividad para usos provisionales, sin que esta licencia esté contemplada en el ordenamiento jurídico autonómico”. Esta ley, ha dicho Urralburu, crea una inseguridad jurídica que hace imposible tener certeza alguna de cuál es la regulación existente y cuáles serán los resultados jurídicos de su aplicación.
El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, ha remarcado que Partido Popular y Ciudadanos se han valido de todas sus “artimañas para diseñar un instrumento que les da carta blanca para legalizar empresas que llevan 20 años saltándose las reglas y habilita que las mismas puedan evitar los controles medioambientales y urbanísticos vigentes”. Esta ley, “invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma. Así, los amiguetes de ambos partidos podrán verse beneficiados sin tener que rendir cuentas ni cumplir trámites que garantizan la supervivencia de nuestro patrimonio natural, algo que sí que llevan años haciendo otros muchos empresarios”.
Está claro, ha dicho Urralburu, que el PP y Ciudadanos “han creado una herramienta a su medida. Con ella, pretenden dar vía libre y legitimar a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y que ponen en peligro nuestro medio ambiente, ya de por sí precario por la gestión del PP durante dos décadas”. Lo que han hecho, ha concluido, es utilizar el resultado “del caos generado por décadas de desgobierno ambiental para justificar una amnistía que no conviene a nadie: a esas empresas que se pretende regularizar, les causa mayor inseguridad jurídica, a las que siempre han cumplido la normativa, las discrimina. Y a la Región, le perjudica poniendo en riesgo su valioso patrimonio ambiental e instaurando una inseguridad jurídica en la que sólo ser amigo del PP te garantiza una cierta tranquilidad y eso es letal para esta Región"