La iniciativa impulsada por el diputado del PP, Domingo Coronado, contempla la “garantía de un acceso equitativo de todos los consumidores a productos de menor riesgo para la salud evitando discriminación de renta”
La comisión de Sanidad y Asuntos Sociales ha aprobado por unanimidad, en su reunión esta mañana, una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha una Comisión Interdepartamental que elabore un informe que recoja las medidas adecuadas para mejorar la salud pública mediante la reducción del daño que pueden ocasionar algunos productos de gran consumo.
El diputado regional impulsor de la propuesta, Domingo Coronado, ha manifestado durante su intervención que la puesta en marcha de esta Comisión “debe realizarse con la participación de todas las consejerías implicadas y establecer un diálogo con todos los sectores industriales para elaborar este informe que se presentará en la Asamblea Regional”.
Coronado ha explicado que además, en la iniciativa se recoge la constitución de un Comité que asesore a la Comisión y a la Asamblea Regional sobre la validación científica de las innovaciones que mejoran la salud pública, y además se adopte el principio de reducción del daño causado como orientador de políticas públicas que incentiven situaciones positivas para la salud2E
El diputado regional ha añadido que con esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular también “queremos garantizar un acceso equitativo de todos los consumidores a productos de menor riesgo para la salud evitando discriminaciones por motivos de renta”, al tiempo que ha añadido que “queremos coordinar todas esta acciones dentro de la política general de salud pública del gobierno de España”.
En relación a esto, ha señalado Domingo Coronado, que “en los países más avanzados económicamente se observa se observa una mayor implicación de las autoridades públicas con políticas que incentivan la reducción del daño relacionado con determinados productos de gran consumo”.
Un ejemplo de esto lo encontramos, ha explicado el diputado regional, en las instituciones públicas dedicadas a la protección de la salud como el Organismo para el control de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos o la Agencia Británica de Salud Pública (Public Health England), que, recientemente, han adoptado en sus políticas contra el tabaquismo el principio de la reducción del daño como uno de los ejes vertebradores de su futuras acciones.
Además, podemos destacar, ha dicho Coronado, que el reciente plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas impulsado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el sector privado para reducir los preocupantes niveles de obesidad y la alta ingesta de sal y azúcar en España, se está desarrollando de manera algo desordenada, seguramente “porque no existe una implicación definida y clara por parte de los poderes públicos”.
Ante estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Popular ha destacado en su propuesta, la necesidad de la implicación del Gobierno para que se tomen medidas adecuadas para transmitir a los ciudadanos el correcto y ordenado consumo de determinados productos, al tiempo que exista un acceso igualitario de todos los consumidores a dichos productos de menor riesgo para la salud evitando discriminaciones por motivo de renta.