En relación con la noticia sobre el grupo de trabajo CARM-TSJ para “acabar con los desahucios” constituido entre la CARM y el TSJ, que grupo es consecuencia del acuerdo entre el CGPJ y la CARM, suscrito el pasado mes de diciembre, tras haber suscrito el Consejo acuerdos similares, con casi todas las CCAA desde hace incluso años, pone de manifiesto el olvido en el que la CARM había sumido este grave problema.

De la lectura del acuerdo, lo único que cabe entender, es que se comprometen a cumplir el artículo 150.4 de la ley de enjuiciamiento civil, para lo que no se requiere acuerdo alguno.

En cuanto al Gobierno regional se refiere, lo primero que han de hacer es cumplir fiel y rigurosamente la ley 10/2016, incluyendo a la PAH en el Servicio de Mediación Hipotecaria del que tanto alardean, y de cuyos resultados dudamos,  negociar con grandes tenedores de vivienda la cesión de un número suficiente de viviendas en buen estado,  así como con las suministradoras de agua, luz y gas, y, sobre todo, cambiar sus absurdas e ineficaces políticas de Vivienda, empezando a generar de una vez Parque Público de Vivienda, tanto para alquiler asequible, como para Vivienda Social, cuya carencia es casi absoluta. Así como revisar y mantener el exiguo parque existente.

Por lo que se refiere al PP, partido del Gobierno regional y del Consejero Valverde, debieran empezar por reconocer que fue su reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que aprobaron en 2013 la que deja a los inquilinos en manos de los caseros, quienes deciden si renovar o no los contratos y fijar los precios que consideren, impidiendo además su defensa jurídica en caso de demanda de desahucio por impago o por “necesidad”. Con el texto actual de la LAU, servirá de muy poco la detección precoz de la situación vulnerabilidad, ya que el cumplimiento de la ley, obligará a los jueces a dictar órdenes de desahucio.

La judicatura lo tiene más fácil, si en cumplimiento de la ley 25/2014 de Tratados Internacionales, da cumplimiento al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (cuya obligación de cumplimiento recordó el Supremo el pasado julio) suscrito por España en 1976, y ratificado en 2010, que prohíbe los desalojos forzosos sobre familias vulnerables sin alternativa habitacional…

Para acabar realmente con los desahucios, lo que el PP debe hacer, es dejar que se tramite la Ley de Vivienda de la PAH, que tras haber sido aprobado en septiembre pasado su toma en consideración por el Pleno de Congreso, la vienen bloqueando semana tras semana junto con Cs con la excusa fraudulenta (que permite el absurdo y antidemocrático Reglamento del congreso) de ir solicitando cada semana nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas para impedir la tramitación de la misma. También debería explicar el PP, por qué ha presentado un proyecto de ley, por el que se puede llegar a condenar hasta con 3 años de cárcel a quienes carentes de cualquier alternativa, se vean obligados a ocupar una de las más de 3,4 millones de casas vacías que existen en España según el INE.

Nuestra ley establece la dación en pago incluso retroactiva, alquileres largos y con precios justos con elaboración de índices de precios que permitan a los ayuntamientos controlar subidas especulativas, que para disponer de casas, dado el inexistente parque público, obliga a los grandes tenedores que hayan recibido dineros públicos por vía de subvenciones, exenciones fiscales o rescate a ceder temporalmente el uso de viviendas injustificadamente vacías y pone además fin a la pobreza energética.

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, 10 de ellos en la región de Murcia, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España, o se ponen en marcha medidas de choque, o el acceso a la vivienda será un privilegio sólo de quienes se lo puedan pagar.