Murcia, 30 de enero de 2019- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano denuncia que el Gobierno regional sigue negando y sin asumir la preocupante realidad que sitúa a la región de Murcia como la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza.

"Los datos son tozudos y desde el Gobierno regional minimizan y niegan la veracidad de una realidad que no quieren ver y que afecta a demasiada gente en esta Comunidad".

Según refleja la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los informes de EAPN y todos los que ofrecen datos y estudios sobre la pobreza, "nadie tiene dudas sobre la magnitud de este problema excepto el Gobierno regional del PP".

La diputada socialista recordó que ha costado diez años de debates en la Asamblea Regional conseguir la aprobación del reglamento que permitiera regular y asegurar mayor protección y prestación económica a través de la renta básica".

Cano recordó que la renta básica garantiza derechos y recursos de subsistencia a sectores muy vulnerables de la sociedad, por lo que "es necesario que los poderes públicos regionales aborden, con carácter de urgencia, una respuesta inmediata que invierta y corrija estas preocupantes cifras".

La diputada socialista mostró su preocupación ante el hecho de que tres de cada diez murcianos viva con serias dificultades económicas y que en muchos casos sobrevivan gracias a esta prestación de renta básica.

Por otro lado, añadió que "el perfil de los perceptores de estas ayudas no es precisamente el de personas inmigrantes, como algunas voces interesadas pretenden hacer creer, sino el de mujeres españolas desempleadas de ente 35 y 44 años, de las que tres de cada diez son familias monoparentales".

Por ello, considera que "es preciso que el Gobierno regional proponga soluciones y políticas que persigan mejorar estos terribles datos que condenan a la sociedad murciana a heredar esta pobreza generación tras generación". Al tiempo que subrayó que "es importante tener en cuenta que las familias que dejan de percibir la renta básica no lo hacen porque ya no la necesiten, sino porque alcanzaron el tiempo máximo de prestación, que tiene un tope de dos años", concluyó.