El Inventario de Instalaciones de Residuosrealizado por el Ministerio de Transición Ecológica ha recogido 44 balsas de residuos mineros abandonados a lo largo y ancho del país, a los que hay que sumar 29 escombreras. De ese total, la Región de Murcia acumula el 40% de esas balsas y escombreras, con 19 instalaciones en el municipio de La Unión (15 balsas y 4 escombreras), 5 instalaciones en Mazarrón (4 balsas y 1 escombrera) y 5 balsas en Cartagena, fruto del pasado minero intensivo que se desarrolló en esas zonas durante el siglo pasado.
A estos restos abandonados, hay que añadir los suelos contaminados en el Llano del Beal, El Beal y El Estrecho, causantes de un nivel de exposición 300 veces superior a lo normal en metales pesados y elementos traza como el arsénico, el cadmio, el cinc o el plomo en la población infantil de esas localidades, así como los ya conocidos contaminantes de la bahía de Portmán, acumulados por más de 30 años de vertidos ininterrumpidos de residuos mineros, entre 1957 y 1990. Estos contaminantes, junto con la existencia de suelos radiactivos en El Hondón, nos indican que la zona costera entre Cartagena y Mazarrón presenta unos altos niveles de riesgo para la salud y para el medio ambiente, además de que muchos de esos contaminantes van a parar al Mar Menor a través de la rambla del Beal.
Sin embargo, el gobierno regional no parece que tenga como prioridad el sellado de esas balsas, como se comprueba en la reactivación del caso "Balsa Jenny", en el que la Fiscalía ha establecido que hay "indicios de la posible comisión un delito contra el medio ambiente y/o de un delito de prevaricación" por parte de la Dirección de Calidad Ambiental y de su Servicio de Vigilancia y Control, por el retraso en el sellado y la restauración del depósito Los Blancos I, y por desentenderse presuntamente, durante diez años, de su obligación de proteger la salud de las personas y el entorno natural de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y del Mar Menor.
EQUO RM exige a los responsables y gestores públicos del gobierno regional que se pongan manos a la obra para iniciar el sellado de esas balsas abandonadas y a la limpieza de las escombreras que suponen un gran riesgo sanitario y ambiental.