Son muchos los problemas de toda índole que le afectan de manera negativa y que impiden un desarrollo normal de las empresas.

Algunos de estos problemas vienen derivados de la propia estructura del sector, con una gran atomización y una escasa dimensión de las empresas que lo constituyen, 99.216 empresas con 229.898 vehículos pesados en España y 3.383 empresas con 14.483 vehículos pesados en Murcia, según datos del Ministerio de Fomento referidos al 10 de diciembre de 2018.

Aunque la media de vehículos por empresa casi dobla en Murcia la media nacional (4,3 frente a 2,3) nos da una idea del tipo de empresa que conforma el sector, autónomos y PYMES en su mayoría, siendo la formación la mayor carencia, consecuencia de su escasa dimensión y la brutal competencia existente consecuencia de la enorme atomización.

Por otra parte, la demanda cada vez está más concentrada conformándose ésta por grandes empresas, poderosas cadenas de distribución y operadores logísticos.

Se produce pues una situación de debilidad por parte de la empresa transportista frente a su cliente que le impide negociar unas condiciones razonables en la prestación de sus servicios y se ve sometido, en la mayoría de los casos, a la voluntad del contratista que exige condiciones muchas veces abusivas.

Esta situación del mercado afecta a la rentabilidad de las empresas que les impide disponer de recursos suficientes para realizar inversiones, no solo en la renovación y ampliación de flota, sino en actividades complementarias de la cadena logística que añadan valor a los servicios de transporte.

Por otra parte, se hace preciso reducir la enorme presión fiscal que soporta el sector, así como la armonización de la normativa a fin de que no exista una distorsión en la competencia debido a la existencia de distintos sistemas de tributación.

La seguridad, la circulación libre de restricciones o la transición energética, son cuestiones que vienen afectando de manera cada vez más preocupante a las empresas de transporte.

Así las cosas, de manera resumida, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, órgano consultivo de la Administración del que forman parte las asociaciones de transportistas y operadores de transporte que han acreditado una determinada representatividad, han planteado al Ministerio de Fomento una serie de medidas encaminadas a la solución de estos problemas.

Estas son las medidas que se reclaman:

Compromiso de no aplicación de la directiva Euroviñeta en la totalidad de la red viaria. Derogación de la totalidad de las medidas adoptadas de desvío obligatorio del transporte pesado hacia vías de peaje.

Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos de pago; aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. Por último, reducción del tiempo previsto para la paralización.

Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y otros supuestos de competencia desleal.

Coordinación de planes de movilidad.

Armonización fiscal en el sector del transporte.

Solución a los cuellos de botella en pasos fronterizos.

Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.

Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria con certificación de área segura.

Modificación de la regulación de la acción directa, extendiendo su ejercicio a los operadores de transporte.

Inclusión en el régimen de gasóleo profesional a todo el transporte profesional de mercancías sujeto a autorización de transporte.

Suspensión en la aprobación del ROTT sin consenso del Comité Nacional.

Tras consulta efectuada a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia regulador de esta medida, en caso positivo, prohibir por ley su realización en el sector del transporte, bajo condiciones económicas abusivamente bajas, más allá de los costes mínimos de transporte referenciados en los Observatorios publicados por el Ministerio de Fomento.

En otro orden de cosas, hay asuntos que demandan una respuesta efectiva por parte del Estado, como garantizar la libre circulación en nuestras carreteras (caso de los CDR en Cataluña) y demandar a la Unión Europea las medidas que sean precisas para que se respete este derecho en su seno (caso de los chalecos amarillos) y de no cumplirse se establezcan sanciones contundentes disuasorias para el Estado que incumpla y un procedimiento indemnizatorio efectivo para las empresas que lo sufran.

Así mismo son de honda preocupación para nuestras empresas temas como la intrusión de polizones en los camiones, la negociación del denominado Paquete de Movilidad de la UE, en especial la "vuelta a casa" de nuestros conductores, el consumo de alcohol y drogas por parte de conductores profesionales, la escasez de conductores para el transporte internacional o los interrogantes que se plantean sobre el BREXIT.