El sindicato expresó hoy frente al centro de menores las Moreras su indignación por la postura inmovilista de la entidad sin ánimo de lucro a la hora de hacer propuestas de mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

CCOO Enseñanza protestó hoy frente a uno de los centros de la Fundación Diagrama en la Región de Murcia contra la congelación salarial que los trabajadores y las trabajadoras vienen sufriendo desde hace ocho años, lo que ha llevado a las secciones sindicales de CCOO y UGT en la empresa, por una parte, a interponer un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional por el impago del IPC y, por otra parte, a movilizarse para denunciar su actual situación.

Esta entidad del tercer sector sin ánimo de lucro con implantación en todo el territorio español, en la que trabajan unos cuatro mil empleados, casi en su totalidad dependientes de contratos públicos de servicios con la Administración, mantiene bloqueada desde hace un año la negociación de su convenio colectivo con maniobras dilatorias impropias de una organización que asegura trabajar para el bienestar de las personas.

Curiosamente, la propia empresa denunció el convenio colectivo bajo el pretexto de adaptar este a las nuevas necesidades y realidades del sector en que desarrolla sus actividades. Sin embargo, desde que hace un año se constituyó la mesa negociadora no ha hecho una sola propuesta en firme al mismo tiempo que se niega de manera reiterada e injustificada a abonar a sus trabajadores la revisión salarial que recoge el convenio colectivo correspondiente a la actualización del IPC de 2017.

.CCOO ha comenzado a solicitar a las distintas administraciones que son quienes dotan presupuestariamente estos servicios (menores infractores, mayores, protección de menores, etc.) y últimas responsables de esta gestión de un servicio público a que insten a la empresa a emplear ese dinero en el capítulo que por ley les corresponde, es decir, a las retribuciones salariales de sus trabajadores.

En la actualidad, Diagrama gestiona dos centros de reinserción de menores infractores, varios centros de protección MENAS, dos residencias de ancianos, una de discapacitados y varios programas de inserción social estando afectados cientos de trabajadores en la Región de Murcia.