El pasado verano, la comunidad autónoma aprobó una ley por la cual recabó para sí misma la competencia en materia de parejas de hecho. Sin embargo, a día de hoy sigue sin desarrollar esa ley, por lo que los ayuntamientos están ahora mismo en un limbo legal. Por la información que hemos podido recabar, hay ayuntamientos que están registrando a las parejas de hecho, pese a la inseguridad jurídica que esto podría suponer, mientras que otros están pidiendo a las parejas que esperen a que se desarrolle la ley.

Ese vacío legal esconde una falta de competencia que podría implicar la nulidad de pleno derecho de las inscripciones con lo que ello supone en términos de no reconocimiento de derechos a los inscritos. En el caso concreto de nuestro ayuntamiento, se sigue inscribiendo a estas parejas, siguiendo las pautas de la ordenanza municipal redactada a tal fin.

Cabe recordar que estos registros dan fe de la existencia de una relación de afectividad análoga conyugal con las derivaciones legales que ello tiene en términos de reconocimiento de derechos.

Una vez aprobada la citada norma por el parlamento murciano, el gobierno regional debería haber procedido a su desarrollo mediante el Reglamento que se contempla en sus disposiciones transitorias y a la constitución del Registro de Parejas de la CARM, con la integración de oficio y de modo automático de las inscripciones de parejas de hecho de los registros municipales en el Registro autonómico. Sin embargo, aún no lo ha hecho.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes creemos que se debería exigir desde nuestro Ayuntamiento, que el ejecutivo murciano proceda al desarrollo inmediato de la Ley y apuntamos que este retraso puede obedecer a diversas causas, y ninguna de ellas digna de elogio alguno.

La primera es que, al margen de cualquier consideración política o ideológica, estamos ante un gobierno regional absolutamente ineficiente en el cumplimiento de sus funciones. La segunda, esta sí más ideológica, es que el Registro de Parejas de Hecho da certeza y seguridad jurídica a un modelo de relaciones personales más plural e inclusivo que se aleja del modelo tradicional que es el único por el que parece que apuesta la derecha murciana.

Y la tercera tiene que ver con la insumisión del Gobierno Regional para implementar las normas que le vienen dadas desde la Asamblea Regional en la que no tiene mayoría. También apuntamos sobre este último asunto que muy recientemente el Tribunal Constitucional ha desautorizado al gobierno regional del PP por la no aplicación de la Ley Regional de Vivienda.