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Los abogados de Murcia solicitan la modificación del reglamento de justicia gratuita con el objetivo de dignificar el Turno de Oficio

Han celebrado este miércoles una concentración en la Ciudad de la Justicia en la que se ha leído un manifiesto que recoge las principales reivindicaciones de la profesión

El Colegio de Abogados de Murcia ha organizado este miércoles una concentración en la Ciudad de la Justicia en la que se han hecho públicas las reivindicaciones de la profesión para dignificar el Turno de Oficio. El decano, Francisco Martínez-Escribano, ha leído un manifiesto en el que se solicita "la necesaria y urgente modificación de la Ley y Reglamento de Justicia Gratuita".

Además, se ha destacado la función social de la abogacía y se ha exigido que se solucionen los problemas que están provocando retrasos en los pagos. Además, se solicitan "módulos indemnizatorios dignos, acordes con la labor desempeñada por los letrados, el servicio mejor valorado por los usuarios de la Administración de Justicia según Metroscopia" y "superar la desigualdad territorial" que existe actualmente.

Así mismo, el manifiesto recoge "la necesaria inclusión de una cláusula de actualización automática; la imperiosa baremación de actuaciones profesionales que no están contempladas y que suponen que en muchos casos la asistencia gratuita no sea retribuida, soportando la abogacía el peso de la Justicia Gratuita cuya calidad y buen servicio se atribuye luego la Administración".

Los abogados concentrados han mostrado también su rechazo a la Orden Ministerial JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, para que no se convierte "en un parche más para tratar silenciar a la abogacía, que viene desde años luchando por estas reivindicaciones sin que los poderes públicos nos hayan escuchado".

MANIFIESTO COMPLETO LEÍDO DURANTE LA CONCENTRACIÓN:

Mantener nuestra postura reivindicando la necesaria y urgente modificación de la Ley y Reglamento de Justicia Gratuita, no solo en cuanto a los problemas de tramitación y concesión de la Justicia Gratuita, si no también y más concretamente en el establecimiento de unos módulos indemnizatorios dignos, acordes con la labor desempeñada por los Letrados (servicio mejor valorado por los usuarios de la Administración de Justicia según Metroscopia) y la necesaria unificación de importes indemnizatorios en todas las comunidades autónomas, superando el actual estado de desigualdad territorial.

Asimismo, seguimos y seguiremos reivindicando la necesaria inclusión de una cláusula de actualización automática; la imperiosa baremación de actuaciones profesionales que no están contempladas y que suponen que en muchos casos la asistencia gratuita no sea retribuida al Letrado, soportando la abogacía el peso de la Justicia Gratuita cuya calidad y buen servicio se atribuye luego la Administración. Y por último, que siempre y en todo caso se indemnice al abogado en su actuación, sin perjuicio del derecho de la Administración a su repetición por la vía de apremio (de la que no gozamos los Letrados) al justiciable que le sea denegada dicha Justicia Gratuita tras haber sido asistido.

Que nos oponemos a que a los abogados se nos quiera contentar con la Orden Ministerial JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, publicada en el BOE de hoy, donde:

Solo se actualizan parcial y desigualmente algunos baremos.

Donde el incremento parcial efectuado no llega al mínimo del 30,6 % como este Colegio demandó en su informe al CGAE.

Donde tampoco se contemplan actuaciones profesionales

demandadas en nuestro informe que obedecen a los cambios legislativos y actuaciones realizadas por los letrados.

Donde tampoco se contempla la actualización de dichos baremos a futuro, como constantemente se ha demandado.

Donde se silencia nuestra petición de pago de los servicios prestados por los letrados, con independencia de que posteriormente se reclame por la administración al justiciable su importe si no tiene derecho a justicia gratuita.

En conclusión, y a pesar de las promesas del pronto pago de los meses adeudados y del pago mensual de las actuaciones justificadas, cuyo cumplimiento exigimos, mantenemos firmemente nuestra postura para evitar que esta nueva Orden Ministerial sea un parche más para silenciar a la abogacía, que viene desde años luchando por estas reivindicaciones sin que los poderes públicos nos hayan escuchado.

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