Región

La Asamblea solicita el pago inmediato del turno de oficio a los abogados y procuradores

La diputada autonómica del PP, Isabel M.ª Soler, ha defendido la moción en la que denuncia cuatro meses de retraso en los abonos desde que el PSOE llegó a La Moncloa

El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido aprobar, por unanimidad, una moción en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea de la Asamblea Regional, en la que se demanda al Gobierno de España el pago inmediato de las retribuciones pendientes a los abogados que prestan servicio de asistencia en el turno de oficio y que llevan cuatro meses sin recibir el cobro de sus honorarios, ha afirmado la diputada Isabel M.ª Soler.

La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha perjudicado a los abogados y procuradores adscritos al conocido turno de oficio que llevan ya cuatro meses de retraso en el cobro de sus honorarios, ha denunciado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Isabel M.ª Soler, que ha defendido la moción en la que exige al Ejecutivo central el pago inmediato de las retribuciones atrasadas.

Soler ha especificado que el retraso afecta a a los abogados y procuradores que prestan sus servicios en el marco de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuida en las comunidad autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, y entre las que se encuentra la Región de Murcia.

La diputada regional del PP considera intolerable el retraso en el pago de unas prestaciones, ya de por si ridículas y desfasadas, a unos profesionales que realizan su trabajo, de manera impecable, las 24 horas de los 365 días del año. Por esa razón, demandamos también al Gobierno de España que revise y actualice los honorarios, ha afirmado.

Soler ha explicado que la demora acumulada de cuatro meses, ha provocado que el Consejo General de la Abogacía requiriera, formalmente el pasado 31 de octubre, al ministerio de Justicia para el pago de los meses de julio, agosto y septiembre con sus correspondientes intereses devengados. Los profesionales que dan cobertura a la justicia gratuita están padeciendo la incapacidad de gestión y el bloqueo de un Pedro Sánchez más preocupado por las fotos y su imagen que por solucionar los problemas de los españoles.

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