Ante la publicación, por la Consejería de Fomento, de un borrador de reglamento de Vivienda Protegida, con el que pretende salir al paso de la dejación de responsabilidades en relación con el grave incumplimiento de la ley 10/2016, la PAH quiere hacer las siguientes precisiones:
1º El reglamento ha sido elaborado, según se dice, por el Consejo de Vivienda, integrado por todos los colegios profesionales que guardan relación con la construcción, todos los sectores empresariales de la construcción, notarios, registradores de la propiedad y bancos, hecho éste que no deja lugar a dudas cuando se lee el mismo.
2º Al ser sólo de "vivienda protegida", excluye al resto de viviendas de su afectación, y carece de definiciones jurídicas imprescindibles como "gran tenedor de vivienda" o "vivienda vacía", imprescindibles para el diseño de una política global de Vivienda.
3º Incluye disparates jurídicos como los que denomina "desahucios administrativos", llegado a otorgar a los alcaldes la facultad de ordenar lanzamientos.
4º Que el citado borrador, no incluye los mandatos de la disposición final 3ª de la ley 10/2016 sobre los procedimientos de mediación, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de vivienda, así como respecto de la creación y funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento a las que se refiere
el nuevo artículo 59 ter de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, las cuales deberán estar integradas en el servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria regulado en los artículos 62 y 63 del mismo texto legal y en las que en cualquier caso habrá representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, empresas suministradoras de servicios básicos, organizaciones de consumidores, y otros agentes sociales interesados en la lucha contra la pobreza energética, junto al resto de entidades relacionadas con el sector de la vivienda.
5º Que el período de consultas abierto en internet, a través del enlace https://consultas.carm.es/index.php/448178, es insuficiente, dirigido y no facilita la libre crítica al mismo.
Por todo lo expuesto, la PAH ha solicitado al Consejero Valverde, la retirada inmediata del borrador, sacado a toda prisa, y para contra restar los daños recibidos por los datos sobre desahucios del CGPJ primero, y por la sentencia del Constitucional que avala la plena legalidad de la, hasta hoy incumplida ley 10/2016.
También le exigimos la elaboración, mediante un proceso participativo de los reglamentos y convenios necesarios para la aplicación de la ley.