El viceportavoz Alfonso Martínez Baños advirtió que el PSOE no va a aceptar ningún chantaje y denunció que con el tridente formado por la Ley de simplificación administrativa, la Ley de aceleración y la Ley del Arca, se pretende instalar un paraíso de libertinaje económico en la Región

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha manifestado a propósito del debate de la Proposición de Ley sobre aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad, que "el Partido Popular y Ciudadanos menosprecian con esta ley la Constitución".

Martínez Baños les reprocha que "lo que tanto critican en Cataluña, es exactamente lo mismo que hacen en la Región, desoyendo los informes jurídicos donde les advierten que esta ley es una aberración, que ha empeorado con las últimas enmiendas añadidas por PP y Ciudadanos, algo de lo que Albert Rivera tendrá que dar cuentas".

En cuanto a la enmienda que afecta a las normas transitorias de Cartagena, el viceportavoz socialista la calificó de "indecente" y advirtió que "El PSOE no va a permitir ningún tipo de chantaje por parte de nadie".

En su opinión, "la deslealtad que está mostrando el Gobierno regional tanto con Cartagena como como el resto de municipios es inconcebible; nunca un gobierno había sido tan injusto y desleal con los alcaldes y alcaldesas como lo está siendo el Ejecutivo de López Miras".

El viceportavoz socialista criticó, asimismo, que la Ley de aceleración se ha hecho desde los despachos de la Croem y de espaldas a la ciudadanía, de los sindicatos, y lo más importante, de los ayuntamientos, que son los que tienen que aplicarla.

"Estamos pendientes todavía de que PP y Ciudadanos hagan pública la lista de las 20.000 empresas que van a ser las beneficiarias de esta ley, tenemos derecho a saberlo y el Gobierno la obligación de informarlo".

Alfonso Martínez afirma que existe un tridente organizado desde la patronal, y al que ha arrastrado a PP y Ciudadanos, formado por la Ley de simplificación administrativa, la Ley de aceleración y la Ley del Arca, "cuyo claro objetivo es instalar en la Región de Murcia un paraíso de libertinaje económico".

Por último, anunció que la Ley de aceleración será enviada, si se aprueba, al Tribunal Constitucional de inmediato, si antes no lo hace el Gobierno de España.