En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, quieren que dicho Plan se traduzca en un aumento significativo de recursos y medios técnicos y económicos.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reconocido por Naciones Unidas en 1992, se celebra cada año el 17 de octubre, recordando que la pobreza es un problema de derechos humanos, ya que más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza", y en el 70° aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante recordar el vínculo fundamental que existe entre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.

La formación de izquierdas se insiste en que para poner fin a la extrema pobreza, se deben aplicar unas leyes nacionales e internacionales fuertes y ambiciosas que tengan en cuenta los derechos humanos, subrayando la obligación moral de la sociedad y de su ciudadanía para garantizar y respetar los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza.

Además añaden desde IU-Verdes que la situación de la Región es especialmente delicada, tal como lo muestran numerosos estudios que la sitúan como una de las más pobres de España, como consecuencia de casi tres décadas de gobiernos conservadores que han desmantelado el sistema público de protección social, generando una tremenda indefensión en la ciudadanía, especialmente en los sectores de población más vulnerables y necesitados de atención social.

No en vano, hace apenas unas semanas se conocía que el número de desahucios sigue creciendo de forma vertiginosa en la Región de Murcia, aupado en gran medida por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por las implacables ejecuciones hipotecarias, siendo Murcia la comunidad en la que más crece el número de desahucios en un año, lo que supone una subida del 31,6%, o lo que es lo mismo, que los juzgados tramiten once desalojos al día de abril a junio, muy por encima del aumento medio nacional, del 1,7%; mientras que el gobierno regional continúa sin aplicar la ley que aprobó la Asamblea Regional hace más de dos años, y que podría paliar la situación de casi mil familias.

Desde IURM-Verdes, en consonancia con las peticiones de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) reclaman medidas que pinchen la burbuja del alquiler, que generen parque público de viviendas y que garanticen la dación en pago retroactiva, ya que la vivienda y el empleo (o la ausencia de ambos) son factores que inciden de forma directa en situar a la población en situación de riesgo y/o exclusión social.

En este sentido, desde la formación política recuerdan que la exclusión social severa ha subido hasta un 40% desde 2007 en España, cronificándose la desigualdad y la pobreza y se han consolidado los casos más graves, de quienes tienen serias dificultades para acceder a derechos sociales básicos como una vivienda o un empleo y carecen de un entorno que pueda servirles de colchón, ya que la última década ha dejado en España una sociedad con un espacio de integración con bases más débiles y una pobreza que se enquista.

De igual forma, alertan de que cada día hay más pobres en la Región de Murcia, como consecuencia de la reducción drástica de políticas sociales, del incremento atroz de recortes sociales en servicios básicos elementales, todo ello unido a que la pérdida de poder adquisitivo que ha originado la crisis económica en el bolsillo de los consumidores murcianos se acrecienta ahora con las alzas del precio de la luz y el anunciado encarecimiento del diésel o el elevado precio del agua potable, cuyo precio es uno de los más elevados de España.

Por todo ello, desde IURM-Verdes reclaman que se ponga en marcha de manera inmediata un Plan Regional contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia, contemplando aspectos básicos en materia de vivienda, empleo y servicios sociales, donde se especifiquen actuaciones en materia de servicios y prestaciones de protección social que se traduzcan en un aumento significativo de recursos y medios técnicos y económicos que den respuesta a la insostenible y real situación en la que subsisten miles de familias murcianas.