El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha manifestado en el Pleno de la Asamblea que la Ley sobre aceleración de la transformación del modelo económico regional "es una ley a la carta, hecha para favorecer intereses empresariales muy concretos, que parte de una organización empresarial y elaborada a espaldas de los alcaldes y alcaldesas, a pesar de ser una ley que mayoritariamente tendrán que aplicar los ayuntamientos".

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad a esta propuesta del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos. Para el viceportavoz socialista tanto PP como Ciudadanos deberían haberse preguntado antes de hacer esta propuesta, cuál es el modelo económico de la Región que se quiere acelerar; y, por otro lado, ¿Hacia dónde se va a orientar nuestro modelo productivo? "Los datos no parecen indicar que vayamos en el camino adecuado".

Martínez Baños aseguró que "estamos ante una Ley de amnistía urbanística y sorprende que esta Ley defienda que el Planeamiento urbanístico se adapte a las construcciones ilegales, en lugar de ser al contrario, algo que es absolutamente inconstitucional".

Una Ley muy compleja, que modifica 16 leyes, algunas tan importantes como la de Ordenación Territorial y la de Protección Ambiental de la Región de Murcia, que ya sufrió un varapalo durante el debate de la Ley de simplificación administrativa y se anularon 83 artículos. En definitiva, añadió, estamos ante una ley que atenta sobre el principio de seguridad jurídica.

"Estamos ante una Proposición de Ley de gran calado, con enormes repercusiones en los derechos de los vecinos de la Región de Murcia, que se pueden ver gravemente afectados por la supresión de garantías y controles administrativos ante la realización de obras y desarrollo de actividades de gran impacto, sin que quede garantizado el respeto a los principios democráticos de participación ciudadana y de seguridad y defensa de los derechos de las personas y de protección del medio ambiente".

El Partido Socialista se posiciona radicalmente en contra de la tramitación y aprobación de esta Ley. "Estamos a favor de la simplificación administrativa y de la agilización de los procedimientos, pero siempre con la máxima protección al medio ambiente y con las máximas garantías de igualdad de trato".

Alfonso Martínez exigió, por otra parte, que se haga público el listado de las 20.000 empresas a las que beneficia esta Ley. "Queremos saber esta amnistía urbanística a quiénes beneficia".

Por último, indicó que "sorprende que Ciudadanos se sume a la política de amigotes que lleva a cabo el PP con esta Ley y que tanto ha criticado durante esta legislatura".