La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos, para que se proceda a la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las Comunidades Autónomas.
Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha recordado que la ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ordena la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes a las Comunidades Autónomas. “Esta ley se promulgó en 2003 y tenía que haber entrado en vigor 18 meses después de haber sido aprobada. Sin embargo, han pasado casi 15 años y aún no se está cumpliendo”.
En este sentido, Molina ha señalado que “el objetivo de nuestra iniciativa es que se cumpla la ley, porque el sistema sanitario penitenciario se aleja cada vez más de los estándares utilizados en los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas, tanto en medios como en formación. Esta situación repercute de forma negativa entre la población reclusa, condicionando una asistencia sanitaria, que cada día que pasa se aleja más de la que se ofrece a las personas que se encuentran en libertad”.
“Esto supone que la atención sanitaria que reciben los reclusos sea de muy baja calidad. Las cárceles son como islas sanitarias, en las que los trabajadores realizan esfuerzos para intentar ofrecer el mejor servicio posible, pero no tienen ni el personal, ni los medios necesarios”, lo que en opinión del diputado de la formación naranja “supone que la población reclusa no reciba unos cuidados sanitarios dignos. Además esta circunstancia conlleva un coste excesivo debido a los traslados de los reclusos enfermos, cuando resulta que los propios centros disponen de la tecnología adecuada, pero no cuentan con personal habilitado para realizar esos trabajos”.
Molina ha lamentado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias apenas haya impulsado acuerdos de transferencia con ninguna región, desentendiéndose completamente de dar cumplimiento a esta ley que lo que pretende es mejorar los servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes Comunidades Autónomas.