Ser heredero sobre todo en los pasados tiempos de la crisis se convirtió en la mayoría de casos en un regalo envenenado. A fecha de hoy los ciudadanos de Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE como Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón, por poner ilustrativos ejemplos de un partido que pregona de boquilla la igualdad, soportan los más altos impuestos de sucesiones y donaciones de España –hasta incluso 100 veces más que un murciano o madrileño por recibir una herencia-.

En lo que a nuestra Región toca, la decisión del gobierno autonómico de suprimir a partir del pasado 1 de enero ese gravamen injusto ha sido un inmenso respiro de 136 millones de euros –según cifras de la Consejería de Hacienda- para más de 15.000 ciudadanos (la mayoría, con recursos limitados), beneficiándose ahora de una herencia al no tener ya que hacer frente al impuesto que se derivaba de la misma.

Esas familias murcianas (padres, hijos y cónyuges) ya no tienen que renunciar a aquel patrimonio que les ha sido legado y con el que pueden solucionar sus necesidades del momento y mejorar su nivel de calidad de vida. Pero, por el contrario y desgraciadamente, en Comunidades Autónomas con gobierno socialista, como paradigma de esta voracidad recaudatoria, a sus contribuyentes se les obliga a aportar a su erario público un desorbitado impuesto. Si las propiedades heredadas son inmuebles y hay dificultades para liquidarlas inmediatamente ni al precio deseado, los bienes legados se convierten en un trastorno, en un problema, en vez de ser la solución esperada.

Al no poder asumir con liquidez la carga fiscal asignada, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en esas regiones en el que está vigente en todo su porcentaje es un lastre que perjudica mayormente a quien menos tiene.

Es por ello acertada la postura adoptada por el actual Ejecutivo autonómico murciano de López Miras tendente a que quien menos posea esté exento (en igualdad de condiciones) de la práctica totalidad –el 99%- de ese impuesto que grava la transmisión de patrimonio heredado. Esta medida es así, por tanto, eficaz y justa porque viene a facilitar la equidad del sistema.

En este momento de recuperación económica, el régimen fiscal actual de la Comunidad Autónoma murciana ha enfocado una estrategia basada en incentivar el crecimiento de la actividad productiva e inversora y ahí la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones juega un importante papel, salvaguardando con este desahogo la pervivencia de empresas familiares y la fortaleza del tejido productivo inherente a esos negocios que representan mayoritariamente el grueso de actividad económica de la Región .

Soy de los que piensan que las medidas fiscales deben adaptarse a los tiempos y a las circunstancias y en esta coyuntura lo que toca es potenciar el consumo, dando a los ciudadanos la posibilidad de notar en carne propia la mejoría de la economía.

Suprimir por completo este 2018 el impuesto de sucesiones y donaciones, como atinadamente ha hecho el Ejecutivo murciano, es facilitar que la gente corriente, de a pie, tenga la oportunidad de aceptar aquellas herencias que les sean otorgadas, aumentando su poder adquisitivo e incentivando de esta manera el consumo y, por ende, el crecimiento económico.

Es loable el compromiso asumido por el Gobierno Regional porque la economía solamente se pone en marcha con pequeñas medidas que son, además de gestos que definen una clara visión y voluntad de gestión, la clave principal para abrir las puertas a la ansiada recuperación.