● La formación establece en el texto la protección a los denunciantes de corrupción y establece un régimen sancionador que podría suponer multas de hasta 400.000 euros para las administraciones que la incumplan

● “Queremos dotar al Consejo de Gobierno Abierto de entidad propia y adscribirlo a la Asamblea Regional y no al Ejecutivo al que debe controlar”, señala el diputado regional Juan José Molina

Ciudadanos ha presentado hoy al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de la Transparencia su propuesta de Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, que ha registrado ya en la Asamblea Regional e iniciará su tramitación parlamentaria en septiembre. En un acto celebrado en la sede del CES, el diputado naranja Juan José Molina, acompañado de los secretarios de Comunicación y Programas, José Luis Ros y Miguel Lópéz Bachero, ha entregado el texto de la ley -que consta de 8 títulos y 86 artículos- al presidente del CES, José Antonio Cobacho; y el Consejo de la Transparencia, José Molina. “Es una ley necesaria, porque la actual Ley de Transparencia es cosmética, insuficiente, ineficaz y estaba lastrada demasiado por la acción de Ejecutivo”, ha explicado Juan José Molina, quien ha destacado que la normativa que impulsa Ciudadanos tiene como principales novedades “dotar al Consejo del Gobierno Abierto -el antiguo Consejo de la Transparencia- de entidad jurídica propia y adscribirlo a la Asamblea Regional y no al propio Gobierno al que fiscalizaba. Se amplía el control de la transparencia a los ayuntamientos y también establece una protección especial a los denunciantes de corrupción política, además de dotarlo de capacidad sancionadora, con multas que van desde los 200 euros para las sanciones más leves hasta los 400.000 para las calificadas de muy graves y reiteradas”.

“Queremos que esta ley, la más avanzada de su tipo en España, sirva como vacuna contra la corrupción para nuestra Región, que tanto ha padecido esta lacra”, ha añadido Molina. La propuesta legislativa de Ciudadanos podría votarse en la Asamblea Regional en octubre y aumenta el número sujetos obligados a dar información y ser transparentes, incluyendo a los 45 ayuntamientos de la Región en su ámbito legal. La ley también establece como positivo el silencio administrativo a las demandas de información e incluye al personal eventual como sujeto también a las normas transparencia.

La nueva ley impulsa el Gobierno Abierto haciendo hincapié en los principios indisociables de transparencia, participación y colaboración ciudadana: “Pretendemos una reforma efectiva para garantizar la transparencia en sus dos vertientes, la de la publicidad activa y la del derecho de acceso. Al tiempo, articulamos vías generalizadas de participación para los murcianos, porque queremos una ciudadanía más informada y activa, sin la cual la reforma ética que precisa nuestra Región no es posible”, ha añadido el diputado regional Juan José Molina. Los representantes de Cs también han destacado la vertiente económica de la nueva legislación, “ya que el experto de la Universidad de Murcia y el Consejo de Europa Fernando Jiménez considera que la erradicación de la corrupción supondría un aumento del 20% del PIB en los próximos 15 años”.

PRINCIPALES CONTENIDOS NUEVA LEY 

1) Se crea el Consejo del Gobierno Abierto de la Región de Murcia, que sustituye al anterior Consejo de la Transparencia. Pasará a depender directamente de la Asamblea Regional y no del Ejecutivo, como vía para garantizar su independencia y suficiencia de medios. Además, la composición de su Comisión Ejecutiva se profesionaliza: un órgano que tendrá cuatro componentes, un presidente y tres vocales, todos elegidos por la Asamblea Regional entre profesionales de reconocido prestigio. El actual Pleno del Consejo de la Transparencia pasará a ser la Comisión Consultiva del nuevo Consejo.

2) Un avance fundamental es la inclusión en el ámbito de la ley de los ayuntamientos, unificando así también las distintas y asimétricas normativas locales. La Región era la única en la que los ciudadanos no tenían amparado su derecho de acceso a la información pública local. Esto implicaba que hasta ahora los murcianos que solicitaban información a su ayuntamiento y recibían una contestación de rechazo o directamente no eran respondidos, no tenían más remedio que plantear un contencioso administrativo.

3) Se introduce el Título VIII de Protección de los Denunciantes de la Corrupción, una figura básica para el progreso de nuestra Comunidad Autónoma. Los denunciantes de la corrupción estarán protegidos a partir de ahora por el Consejo del Gobierno Abierto, que se encargará de investigar la información aportada y ponerla en manos de los tribunales llegado el caso.

4) Se establece la potestad sancionadora del Consejo de Gobierno Abierto, con multas que van desde los 200 euros de los casos leves hasta los 400.000 para las conductas más graves y reiterativas.

5) El número de obligaciones que se exigen respecto de la transparencia activa se ha ampliado, incluyendo ahora la publicación de los gastos de viajes y representación o las asignaciones a grupos políticos. También se tiene que publicar las copias de los títulos académicos que cada representante público afirme tener.

6) El derecho de acceso a la información pública se específica y mejora, armonizándolo con el resto de normativas ya existentes en otras comunidades autónomas. Se establece el silencio administrativo positivo a las solicitudes de información.

7) Se apuesta por una participación y colaboración ciudadanas asentadas en procesos participativos de calidad. Para ello, se amplían los instrumentos de participación ciudadana hasta doce. El principal instrumento a nivel regional será el Plan de Gobierno Abierto de la Región de Murcia, con carácter bienal y que servirá de instrumento promotor y coordinador de las estrategias de gobierno abierto regionales.

8) El Buen Gobierno también es ampliado. En primer lugar, las normas serán aplicables además a los cargos eventuales, no solo a los altos cargos de la Administración autonómica, diputados de la Asamblea Regional y concejales de los ayuntamientos. Se fija la información que deben contener las declaraciones de retribuciones, actividades, bienes, derechos e intereses, asimilándolas a las exigidas en el Congreso de los Diputados. 

9) El Consejo de Participación Ciudadana será reformulado para garantizar su absoluta independencia y la nula manipulación política, ya que, de otra forma, no tendría sentido.