El Reglamento de la Ley de Vivienda recupera la vivienda protegida y ayuda a las familias en riesgo de desahucio, "una de las medidas de las que me siento más orgulloso", afirma López Miras

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy que un total de 21.000 familias de la Región podrán beneficiarse de los 80 millones en ayudas del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 y que supondrá "la creación de 3.000 puestos de trabajo vinculados, sobre todo, a la construcción".

"La prioridad del Gobierno regional son las personas, que nadie se quede atrás y todos los ciudadanos sean iguales, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades", subrayó López Miras, que presidió hoy la Mesa de la Vivienda, donde explicó que de esos 80 millones, 43 se destinarán a desarrollar actuaciones de mejora, conservación, seguridad y accesibilidad de viviendas, financiar obras de mejora de la eficiencia energética, así como a regeneración y renovación urbana y rural.

Los 37 millones restantes irán destinados a facilitar el acceso a una vivienda, haciendo una especial apuesta por el alquiler con el fomento de un parque de viviendas destinadas al alquiler, la construcción de viviendas para personas mayores y con discapacidad para ser explotadas en régimen de alquiler o cesión en uso, facilitar a los jóvenes con escasos recursos el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o propiedad, así como ofrecer una vivienda a personas en riesgo de desahucio.

El presidente, que también presentó hoy el Reglamento de la Ley de Vivienda, subrayó que este último aspecto referido a los desahucios "es uno de los puntos del que me siento más orgulloso, ya que vamos a facilitar una vivienda para aquellas familias que han sufrido un desahucio".

El Plan de Vivienda 2018-2021 prevé la suscripción de acuerdos con entidades financieras o sociedades inmobiliarias para que cedan el uso de viviendas desocupadas, lo que permitirá identificar y proporcionar una alternativa de alojamiento a las familias. Se abonará el 100 por cien del alquiler de una vivienda con un importe igual o inferior a los 400 euros mensuales.

Además, el Reglamento de la Ley de Vivienda también recupera la Vivienda de Protección Oficial (VPO) para facilitar el acceso a una vivienda a familias con las rentas más bajas y a los jóvenes. Igualmente, se crea un registro de personas o familias interesadas en comprar o alquilar una vivienda protegida. También se garantizará que aquellas familias que están en situación de pobreza energética puedan tener acceso a suministros básicos, como agua potable, gas y electricidad.