Óscar Urralburu, secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, ha afirmado que la Consejería de Educación "no ha ofrecido ninguna explicación" acerca de el motivo por el que no solucionan el problema. Por ello, "nos tememos que hay una voluntad política de perseguir y castigar a Ángel Luis Hernández, Presidente de AIDMUR".
Urralburu ha explicado que la Consejería de Educación tiene la capacidad de resolver esta situación admitiendo a las personas al proceso selectivo conforme a la legalidad y evitar así que este conflicto sea judicializado.
Por eso, ha añadido, "es importante señalar que el proceso de solicitud para participar en la convocatoria de Oposiciones 2018 ha sido el primero que se lleva a cabo íntegramente de manera electrónica, y ha estado lleno de obstáculos e incidencias. Desde los consabidos problemas con la aplicación informática, la caída de los servicios que produjo que se ampliase el plazo de solicitudes o los retrasos causados por una entidad bancaria con la información sobre los pagos realizados".
Asimismo, el secretario general de Podemos en Murcia ha subrayado que "nadie entiende que la administración se niegue a atender las demandas de una docena y media de personas, profesores y profesoras en activo, que han demostrado su voluntad de inscribirse en las oposiciones y tienen resguardos en papel, han dejado huella digital de este procedimiento y han generado el documento de abono de las tasas e ingresado las mismas en tiempo. Y con todo esto, se les ha expulsado porque no aparece la firma digital. Es un disparate. Es dejar fuera de las listas de personal docente interino a pesar de llevar años trabajando en los centros educativos.".
Por otro lado, Óscar Urralburu ha incidido en que este procedimiento no estaba alojado en sede electrónica de la CARM, como están otros procedimientos. De ahí, que "queramos conocer quién tomó esta decisión y si hay informes periciales a la Consejería que garanticen la completa seguridad del proceso".
Además, Urralburu ha puesto de relieve que este mismo fallo se produjo en Valencia, Andalucía y Galicia y tuvo solución. Por eso, Óscar Urralburu ha hecho hincapié en que la Consejería de Educación "ha tenido en todo momento la capacidad de resolver esta situación conforme a la legalidad, al igual que se ha realizado en otras Comunidades Autónomas, y evitar así que este conflicto sea judicializado. Esperamos que no haya quien haya pensado en la dirección de la Consejería de Educación que esta es una buena oportunidad para dejar sin su trabajo al Presidente de AIDMUR que recientemente ha ganado una sentencia en el Supremo por la que la Consejería deberá abonar millones de euros de los salarios del verano de los docentes interinos desde el año 2013".