Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que ha solicitado que la Comunidad Autónoma tome medidas con el fin de que los afectados por el cierre de la clínica Idental puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad.

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha señalado que en las últimas semanas se han recibido en toda España numerosas reclamaciones contra las clínicas odontológicas Idental catalogadas como “de bajo coste” consistentes en el incumplimiento de las condiciones de contratación, disconformidad con el tratamientos recibidos o la demora en la prestación del servicio de forma injustificada,

En este sentido, Molina ha expresado su preocupación debido a que el cierre de la clínica de Cobatillas ha dejado tiradas a decenas de personas que habían invertido parte de sus ahorros. “No es un caso aislado porque en los últimos días el número de denuncias de los clientes que han sido atendidos en las clínicas que tiene esta empresa en distintos lugares de España ha aumentado de forma significativa, hasta el punto de que los administradores de las clínicas dentales están declarando están declarando en sede judicial por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida”.

“Desde Ciudadanos consideramos que la Comunidad Autónoma, como administración responsable de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, ha concurrido en una grave dejación de funciones y su irresponsabilidad ha derivado en que se ha producido perjuicios para numerosas personas”, ha indicado el diputado de Cs.

La iniciativa de la formación naranja solicita al Gobierno regional que se entablen conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados a fin de trasladarles la información precisa para que los afectados puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos correspondientes de la Comunidad Autónoma.

Asimismo Cs también ha solicitado la constitución de una mesa de expertos independientes, a fin de informar sobre las respuestas legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública, y que se proceda al estudio de la posibilidad de hacerse cargo de las necesidades de peritaje que necesiten los afectados.