CCOO Enseñanza considera que el cambio de Gobierno y la salida del mismo del PP debe implicar cambios sustanciales en el sistema educativo centrados en la anulación de la LOMCE y de los Reales Decretos que impusieron los recortes que han lastrado el sistema educativo durante estos años.
El triunfo de la moción de censura impulsada por el PSOE y apoyada por el conjunto de la oposición democrática genera una nueva situación política que en opinión de CCOO debe utilizarse para desactivar las políticas antisociales del gobierno depuesto y recuperar los derechos sociales y las libertades públicas recortadas y laminadas desde 2011.
CCOO Enseñanza considera urgente que en el ámbito educativo se proceda a la derogación de la LOMCE y de forma inmediata a la anulación del Real Decreto 14/2012 (que estableció los más duros e importantes recortes que han lastrado el funcionamiento del sistema educativo durante los años de gobierno del PP).
El RD 14/2012 ha sido impugnado recientemente por CCOO Enseñanza ante la Audiencia Nacional, impugnación que ha sido admitida a trámite por el Alto Tribunal. Este RD es el que impide la sustitución del profesorado en baja durante las dos primeras semanas de la misma y el que aumentó la carga lectiva del profesorado destruyendo miles de puestos de trabajo docentes y dañando gravemente las plantillas docentes de los centros educativos.
En el plano regional CCOO Enseñanza reclama la inmediata destitución del Delegado del Gobierno Francisco Bernabé, que se ha constituido en un auténtico enemigo de la democracia y azote de la movilización social y que ha sometido al conjunto de los movimientos sociales regionales a una política de acoso en base de multas y sanciones. CCOO Enseñanza, que también ha sido objeto de sanciones económicas por hechos como convocar manifestaciones contra los recortes y que ha visto como afiliados y afiliadas eran multadas por hechos tan graves como convocar concentraciones contra la violencia de género o de apoyo al 8 de marzo o participar en convocatorias de diversas Plataformas ciudadanas, demanda del nuevo Gobierno la anulación de todas las multas impuestas a activistas sociales y a ciudadanos de a pie por ejercer los derechos propios de personas que viven en democracia.