La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Presen López Piñero ha conseguido el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, para que se promuevan las modificaciones legislativas oportunas a fin de establecer y poner en funcionamiento los mecanismos e instrumentos de protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales.

López Piñero defendió que la denuncia de las prácticas corruptas "es una obligación ciudadana". No obstante -subrayó- "los costes personales, sociales y laborales que asumen las personas denunciantes conllevan, en demasiadas ocasiones, posibles represalias por parte del denunciado".

Este hecho desincentiva uno de los controles básicos que la administración pública debe promover, como es la denuncia realizada por los propios empleados públicos o privados, conocedores de primera mano de prácticas reprochables. Para evitar que esta situación impida atajar de manera temprana situaciones corruptas, muchos países de nuestro entorno económico y social han habilitado mecanismos de protección de las personas denunciantes de prácticas ilegales.

Por eso, la diputada socialista exige protección tanto de empleados/as del sector público como del sector privado. Asimismo, solicita que se garanticen los mecanismos de protección de la identidad del denunciante, la confidencialidad, así como el impulso de campañas y actividades educativas tendentes a incrementar la concienciación, la formación y la creación de un sistema de evaluación periódico de la eficacia del marco de protección.