María Giménez, diputada regional, ha explicado que el próximo 13 de marzo se debate en el Congreso una proposición no de ley de Podemos que pide al Gobierno que deje de incumplir los tratados internacionales ratificados por España relativos al derecho a la alternativa habitacional, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de Murcia, "hemos presentado una iniciativa para promover protocolos protocolos de coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".
El objetivo es, según ha explicado Giménez, "definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones Públicas otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler social".
Asimismo, María Giménez ha subrayado que estos protocolos deben incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas sin recursos para tener una vivienda alternativa, sólo se ejecuten después de que haya habido una consulta "efectiva" con estas personas. Además, las CARM y los Ayuntamientos "deben haber realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños y niñas u otras personas en situación de vulnerabilidad".
La diputada del Grupo Parlamentario Podemos en la Región de Murcia también ha contado que el plan que se le exige al gobierno "impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el lanzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial. También deberá incrementar el parque público de viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas disponibles en el resto de países de la Unión Europea que registran porcentajes de vivienda social de entre el 17 y el 32%.".
Por último, María Giménez ha hecho hincapié en que una de las cosas fundamentales son las ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o "la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a 3 veces el IPREM que cubran, como mínimo, el 40 % del alquiler. Sin olvidar que hay que garantizar que no hay alquileres abusivos y los municipios tienen articular medidas en este sentido".