La Comunidad Autónoma financia con 450.036 euros el servicio de inserción sociolaboral de jóvenes sujetos o que hayan estado sujetos a medidas de protección o medidas judiciales.

El servicio, que se ha renovado con la asociación Azarbe Intervención Psicosocial hasta el 30 de abril de 2021, lleva a cabo itinerarios y acompañamiento socioeducativo a la inserción de jóvenes en riesgo social. Los beneficiarios son personas de ambos sexos, nacionales y extranjeros, que están en el sistema de protección a la infancia y presentan especiales dificultades familiares y sociales, y los menores con medida de reforma.

La carencia de habilidades profesionales y el desconocimiento del mercado laboral de estos jóvenes ocasionan dificultades para buscar y obtener un empleo, para conocer las oportunidades del mercado laboral y para romper las inercias de empleos de corta duración y baja cualificación.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, destacó que "la Fundación Azarbe lleva a cabo una acción tutorial con el joven, se ofrece un soporte de carácter psicosocial y educativo en el proceso de transición hacia la vida social de estas personas que están con medidas de protección. Se realizan actuaciones de coordinación con servicios de empleo y formativos, así como itinerarios de inserción sociolaboral", añadió.

El programa también incluye un servicio de fomento del autoempleo, mediante el que se promueve una mentalidad emprendedora entre los jóvenes, proporcionándoles conocimientos sobre economía social y la formación necesaria para desarrollar nuevas iniciativas. Además, se lleva a cabo una orientación específica relacionada con el empleo por cuenta propia, analizando distintas formas jurídicas y modos de financiación de cara a fomentar una buena gestión del autoempleo.

Además del acogimiento residencial, son muy beneficiosas las actuaciones que llevan a cabo de manera preventiva, orientadas a la inserción social, la motivación, empleabilidad, promoción de la autonomía personal e inserción educativa, entre otras.

Violante Tomás explicó que "para el Gobierno regional es fundamental atender a los colectivos más vulnerables, especialmente a estos jóvenes, que están bajo medidas judiciales o de protección. Hemos estudiado los progresos de las personas a las que atienden, con muy buenos resultados".

La Dirección General de Familia y Políticas Sociales, responsable del seguimiento de los programas de actuación en materia de ejecución de medidas adoptadas por los jueces de menores, desarrolla programas de prestaciones en beneficio de la comunidad, internamiento en centros educativos de reforma e intervención en medio abierto.

El objetivo prioritario de las medidas de reforma es disponer de un ambiente que tenga las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas deficiencias que han caracterizado su comportamiento. El seguimiento y la atención de las medidas judiciales se lleva a cabo a través de la asistencia a centro de día, libertad vigilada, realización de tareas socioeducativas, prestación en beneficio a la comunidad, tratamiento ambulatorio y permanencia de fin de semana en el domicilio.