La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, se reunió hoy con los miembros de la junta directiva del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Asociación de la Dependencia Región de Murcia (Adermur) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), para impulsar el desarrollo del nuevo proyecto de decreto por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región de Murcia.
Según señaló la consejera tras la reunión, más de 8.000 personas con discapacidad y mayores que tienen plazas contratadas con la Administración regional podrán beneficiarse de las ventajas del nuevo decreto.
El nuevo concierto social va a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales para financiar sus servicios y prestaciones en centros de día y residencias.
"Otra de las ventajas es reforzar el derecho de participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios sociales. A los modos tradicionales, gestión directa e indirecta en el marco de la legislación de contratos, se añade ahora el concierto social con entidades privadas", explicó la consejera.
La Administración puede encomendar de manera subsidiaria y complementaria a otras entidades la prestación de los servicios incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de concertación. El régimen de concierto, así previsto, es una modalidad diferenciada del concierto regulado en la normativa de contratación del sector público.
La figura del concierto social está prevista en las directivas europeas, y ya la han introducido en sus legislaciones varias comunidades autónomas.
"Nuestra intención es que el decreto se apruebe en breve por parte del Consejo de Gobierno, e iniciar inmediatamente la redacción de la Orden que lo desarrolle. Queremos hacer esta orden escuchando a las entidades afectadas y recogiendo sus aportaciones, para ello vamos a crear los grupos de trabajo, para que sea un texto coordinado entre la Consejería y las entidades que están prestando esos servicios", explicó la consejera.
Garantizar la calidad de los servicios
Otro de los fundamentos del nuevo decreto es la necesidad de seguir prestando estos servicios, que ha de garantizar la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, superando la falta de un régimen jurídico específico de aplicación a este tipo de servicios.
La consejera explicó que el nuevo decreto supondrá mayores ventajas para los usuarios de estos servicios. Según Violante Tomás, "lo que perseguimos siempre de manera prioritaria es mejorar la calidad de vida de las personas que están recibiendo esos servicios, que la Comunidad financia a través de varias entidades. De ahí que el decreto incluya un baremo de criterios finales de asignación de plazas a concertar, entre los que se incluyen los años de experiencia acreditada del centro, las certificaciones de calidad obtenidas y los informes de buenas prácticas laborales, entre otros".