La Comunidad ejerce el papel de la familia para un total de 563 personas mayores de edad que están incapacitadas y no tienen a nadie que se haga cargo, una cifra que ha aumentado un 11 por ciento respecto al año anterior, cuando fueron tuteladas 507 personas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió recientemente la reunión anual de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos en la que se dio cuenta de su memoria de actividades. Tras el encuentro, explicó que la Comunidad, a través de cuatro trabajadores sociales, realiza la labor que correspondería a una familia para todas estas personas que no tienen a nadie, ejerciendo sus derechos y haciéndose cargo de sus necesidades.

En este sentido, valoró el crecimiento del número de adultos adheridos a este servicio y lo calificó de "espectacular", ya que en 2003 eran 47 las personas tuteladas y la cifra ha aumentado progresivamente hasta alcanzar las 563 personas en la actualidad.

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, que presta este servicio, cuenta con un presupuesto de 480.058 euros para 2018 a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Violante Tomás indicó que "un dato significativo analizado en la presentación anual de la memoria de actividad de la fundación es que se está haciendo un gran esfuerzo para que, del total de las tutelas, 160 personas permanezcan en sus propios domicilios, prestando toda la asistencia, jurídica, social y médica fuera de residencias".

Facilitar recursos sociales

La Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos es una organización de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro. En el ámbito personal, su actuación se circunscribe a personas mayores de edad residentes en la Región que se encuentren incapacitadas legalmente y de las que la Autoridad Judicial atribuya la tutela por carecer de familia, personas o instituciones idóneas para ejercerla.

Entre sus competencias está el ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y residentes en la Región de Murcia, en los términos fijados por el Código Civil, cuando así lo determine la Autoridad Judicial competente.

También la asunción de la defensa judicial sobre quienes se haya iniciado un proceso de incapacitación, así como el ejercicio de cuantas funciones determine la Autoridad Judicial en medidas provisionales de defensa y autoprotección personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo.

Igualmente, fomenta y realiza acciones para la integración y normalización de los tutelados por la fundación, facilitando recursos sociales, la atención personal del incapacitado, su cuidado, rehabilitación o recuperación.