El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha solicitado en la Comisión de Economía que se lleve a cabo una reforma fiscal ecológica urgente, "para salir de la arbitrariedad y el desorden que caracteriza la actual fiscalidad del sector energético y con el objetivo de que pague más quien más contamine". Esta moción se ha aprobado con la abstención del PP y de Ciudadanos.
Martínez Baños señaló que España suspende el examen sobre el cumplimiento de los acuerdos de París. También lo respaldan documentos como el Índice de Actuación Climática que elaboran prestigiosas ONG medioambientales de todo el mundo y German Watch.
El Índice de Actuación Climática evalúa la ambición de los países para cumplir el Acuerdo de París, en función de los objetivos marcados para reducir en el año 2030 las emisiones de CO2 y analiza, entre otras cosas, lo que está haciendo cada país para contener el incremento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados respecto a la época pre-industrial.
De las 57 naciones evaluadas, que representan el 90 por ciento de las emisiones mundiales, España está entre las más vulnerables al cambio climático. Actualmente ocupamos el puesto 35 a nivel mundial y el puesto 20 a nivel europeo, solo por delante de Grecia, Polonia, Hungría e Irlanda.
La ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y dos años después afirma que España ignora dicho protocolo. Por su parte, la Red Española para el Desarrollo Sostenible asegura que nuestro país tiene un panorama sorprendente y desolador y no hacemos lo suficiente para evitarlo.
Martínez Baños manifestó que "no se trata de subir la presión fiscal, sino de orientar mejor las decisiones, gravando lo que se quiere desincentivar y primando aquello que beneficia a la sociedad".
Son muchos los organismos internacionales que llevan años pidiendo a España que reforme su sistema impositivo para gravar las actividades más contaminantes para desincentivarlas.
Martínez Baños indicó que en los últimos años, las energías limpias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia y equidad. Por el contrario, las energías fósiles, como la gasolina o el gasóleo para el transporte, han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP.
El Partido Socialista apuesta por una fiscalidad ambiental adecuada, que nos acerque a los estándares europeos, así como por el impulso real y efectivo de una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo.
"El Gobierno debe dejar de hacer el remolón y liderar una transformación global en las políticas para adaptarnos al cambio climático, cumplir los acuerdos de París y con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible".
La fiscalidad debe jugar un papel fundamental en esta transformación. En opinión del viceportavoz socialista debe contemplar como nuevos tributos un impuesto sobre las emisiones de CO2; un impuesto sobre los óxidos nitrosos; un impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor, basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultante de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos y un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas.
Por otra parte, Martínez Baños pide la creación de un fondo verde para financiar la transición energética, basado en tres líneas básicas: una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables, subvencionando las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares, la bonificación en el transporte público y la garantía de un mínimo consumo de electricidad a precio bonificado; una segunda línea, destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial, ya que entre otras cosas es preciso impulsar el sector de la rehabilitación; y una tercera línea, que ofrezca préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte de personas y mercancías.
El diputado socialista apostilló que "estamos ante uno de los problemas más serios que tiene el mundo, España y la Región y hay que tomarlo en serio".