Óscar Urralburu, portavoz parlamentario, ha señalado que cualquier intento de ley que pueda realizar el Partido Popular va a ser una "chapuza" para cubrir el trámite y es como poner al "zorro a cuidar de las gallinas". La única manera, según Urralburu, de garantizar que el Consejo de la Transparencia sea "útil para la Región es que tenga capacidad de sanción propia para obligar al cumplimiento de sus resoluciones, capacidad ejecutiva, y que tenga presupuesto. Por ello, la Ley lo debe capacitar con personalidad jurídica propia y que se integren las entidades locales".
Urralburu ha explicado que es "incoherente y contradictorio" que sea la consejera Arroyo la que haya venido a hablar de transparencia cuando "se ha dedicado durante más de un año a tapar las vergüenzas de Pedro Antonio Sánchez y expandir toda clase de mentiras sobre su situación judicial".
Por tanto, ha dicho el portavoz parlamentario, el plan presentado por Arroyo es "incompatible" con el PP, donde no quieren "ni transparencia ni buen gobierno ni participación ciudadana. Es todo un engaño. Sus propias actuaciones los delatan. No hay datos de las listas de espera, ni de las subvenciones que se dan a las empresas privadas en el sector educativo o sanitario, ni de las medidas que se toman en el Mar Menor, informes que se pierden sobre las ITV o el veto a nuestra ley de cuentas claras".
Asimismo, ha afirmado Óscar Urralburu, tampoco se pueden tomar las palabras de Noelia Arroyo en serio "cuando sabemos que una de sus actividades es llamar a los medios de comunicación para marcar la línea y amenazar con retirar subvenciones. O tras haber escuchado decir que Pedro Antonio Sánchez se cogía una excedencia tras 20 años de servicio".
En este sentido, Urralburu ha calificado de "broma" la propuesta de la consejera, puesto que no "pueden hablar tampoco de transparencia en el partido que mantienen a un presidente como Rajoy que ha cobrado dinero negro en un sobre o mantiene a Barreiro como senadora".
Por último, Óscar Urralburu ha incidido en que lo que debe trabajarse es una ley "trabajada desde la Asamblea, la que viene pidiendo el Consejo de Transparencia con un informe al que no le han hecho ni caso desde el gobierno regional y que coincide con el informe que realizó el consejo estatal de esta materia".