El diputado Alfonso Martínez Baños denuncia la falta de voluntad política del PP para aplicar medidas de eficiencia energética, que permitirían compatibilizar la reducción del gasto público y privado con la generación de nuevos modelos de negocio y nichos de empleo
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha propuesto ante la Comisión de Industria que se pongan en marcha medidas para la transición energética. Esta moción ha sido aprobada con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Martínez Baños explicó que los países más avanzados de nuestro entorno europeo han identificado la transición energética como uno de los grandes retos políticos y económicos a los que se enfrentan. La crisis económica ha demostrado que el actual patrón de crecimiento de nuestro país no es sostenible ni siquiera en momentos de expansión por lo que es preciso estrategias a medio y largo plazo hacia otro modelo más sostenible, competitivo y más igualitario.
En opinión del diputado socialista es preciso que entre todos (hogares, empresas y sector público) se impulse esta transición hacia un nuevo modelo energético, que deberá gire en torno a dos ejes fundamentales: la eficiencia energética y las energías renovables. Debemos lograr un sector energético que sea motor de innovación, desarrollo y creación de empleo, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, mayoritariamente importados y que representan un 75% de la energía que consumimos, impulsar el autoabastecimiento, fortalecer nuestra seguridad de suministro y combatir el cambio climático.
"La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética debe ser uno de los ejes básicos sobre los que vertebrar una política orientada a consolidar un modelo energético competitivo, fundamental para el desarrollo de nuestras empresas y la renta de los hogares".
Para Martínez Baños la aplicación inmediata de medidas de eficiencia energética permitiría a su vez compatibilizar la reducción del gasto público y privado con la generación de nuevos modelos de negocio y nichos de empleo, que ayuden a construir un futuro de crecimiento sólido, responsable y sostenible.
Denunció que el voto en contra del Partido Popular en el Parlamento Europeo a la Directiva sobre Eficiencia Energética, junto a los importantes recortes sufridos por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) "demuestran que las políticas de ahorro y eficiencia energética no están entre las prioridades del actual Gobierno", al ignorar las oportunidades que ofrece la transposición de la citada Directiva, aprobada en el Parlamento Europeo en octubre de 2012 y cuyo objetivo primordial es lograr el objetivo de ahorro energético previsto para 2020.
"De hecho, de todas las iniciativas presentadas en la Asamblea Regional en este sentido no ha sido puesta en marcha ni una sola", lamentó.
Medidas PSOE
Entre las medidas que plantea el PSOE están dotar al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA) de los recursos necesarios para aplicar una estrategia ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, con la participación de Comunidades Autónomas y municipios, que se sitúe entre las prioridades de nuestra política energética; renovar el parque de viviendas, para incrementar la eficiencia energética de las mismas e incluir actuaciones preferentes para viviendas habitadas por familias en situación de pobreza energética; Implementar las medidas necesarias para impulsar en el medio plazo la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de planes de rehabilitación de vivienda, revisar las normas de edificación y rehabilitación, y desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos.
Otras medidas consisten en incentivar cambios sustanciales en nuestros patrones de movilidad, basados actualmente en un uso intensivo del automóvil privado, apostando por el el transporte público y el vehículo eléctrico; reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden el desarrollo del mismo; apostar decididamente por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, procediendo a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias o a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española y, por último, fomentar la reducción del consumo energético en el ámbito de los edificios de las Administraciones Públicas.