El diputado Emilio Ivars subrayó la necesidad de regular una serie de derechos digitales que promuevan la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran y hagan posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Ivars ha propuesto en la Comisión de Asuntos Generales un Proyecto de Ley que contenga un Plan con políticas dirigidas a garantizar los derechos de la ciudadanía en Internet. Ivars explicó que esta iniciativa de impulso al Gobierno será presentada en el Congreso de los Diputados.

La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. "Por ello, es necesario el impulso de políticas públicas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet, promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital".

El diputado socialista agregó que la suma de innovaciones que se están produciendo de manera acelerada en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, las redes 5G y la computación cuántica nos está llevando a un nuevo paradigma de convivencia social.

El despliegue de la legislación europea sobre transparencia y open data y la entrada en vigor en mayo de 2018 del Reglamento General de Protección de Datos ponen de manifiesto el carácter fundamental que el impulso de Internet tendrá para nuestras vidas. Sin embargo, más allá del desarrollo de la administración electrónica, de la puesta a disposición de la ciudadanía de información reutilizable generadora de crecimiento económico de riqueza o del uso de las redes sociales, Internet exige una comprensión global de los retos a los que nos enfrentamos.

Las administraciones españolas tienen mucho camino que recorrer mediante un esfuerzo concertado del gobierno, del conjunto de las fuerzas políticas y de los agentes sociales en los ámbitos económico, cultural, asociativo y participativo.

Ivars indicó que el artículo 18.4 de la Constitución evidencia claras limitaciones para atender las necesidades contemporáneas de garantía de los derechos en la Red. "Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de nuestra Carta Magna a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales".

En su opinión, mientras no se acometa este reto, los poderes públicos deberán asumir el impulso de iniciativas legislativas dirigidas a perfeccionar el sistema de garantía de los derechos digitales de los ciudadanos.

Derechos

El Proyecto de Ley que propone el PSOE deberá contener derechos para la ciudadanía como el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la veracidad de las informaciones en la Red, derecho al honor y a la propia imagen en la Red; derecho a la desconexión laboral y a la reutilización online de los datos generados por las administraciones públicas.

Asimismo, deberá incluir derechos de acceso y uso, tales como el derecho de acceso a Internet independientemente de la condición social, económica, de género o geográfica; derecho a la neutralidad de la Red garantizando un internet abierto, equitativo, innovador y en libertad o el derecho a la formación y capacitación digital, derecho a acceder online en régimen de apertura a los datos, innovaciones, creaciones y conocimiento generado con fondos públicos y derecho a recurso, indemnización y reparación por conductas ilícitas en la Red.

Otro aspecto que incluye es el derecho a la protección de datos personales: derecho a la privacidad y a la protección de datos personales preservando la transparencia e información en las relaciones entre proveedores de contenidos y usuarios; acometer políticas de protección de los menores en Internet; políticas para reducir la brecha de género en Internet y para combatir la violencia machista; políticas que garanticen el derecho de acceso universal y no discriminatorio a Internet; políticas que garanticen la protección de la privacidad digital en el ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores fuera del horario de trabajo; y políticas que impulsen la transparencia y participación tecnológica hacia una democracia digital avanzada.

De la misma manera, Ivars apostilló que es preciso ampliar las políticas de transparencia y reutilización de la información pública, a fin de facilitar un Gobierno Abierto sustentado en la rendición de cuentas de las políticas públicas y la participación democrática de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas.