La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió hoy la reunión del Consejo Regional de Servicios Sociales, que ha dado el visto bueno a las órdenes de Ayudas periódicas de Inserción y Protección Social (APIPS) y a las Ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (APIS), por importe de un millón de euros.

A partir de la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, del Decreto 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Renta Básica, se desarrollan las medidas de inserción contempladas en la citada Ley, entre las que se encuentran las APIS y las APIPS, de las que se beneficiaron el pasado año 181 personas.

Según explicó Violante Tomás, "las APIPS, que se financian con 843.963 euros, nacieron para proporcionar apoyo económico temporal a aquellas familias con menores a su cargo, cuya carencia de medios para proveer a su subsistencia pudiera llevar a los menores a una situación de riesgo social, desestructuración familiar y desamparo".

Además, el IMAS también pondrá en marcha las acciones dirigidas a la inserción laboral (APIS), dotadas con 200.000 euros. Los itinerarios de empleabilidad incluyen actuaciones destinadas a promover la adquisición de hábitos y competencias personales y laborales, superar dificultades y acompañamiento social durante todo el proceso.

Estas ayudas se incluyen en los programas de empleabilidad que desarrolla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cofinanciados con el Fondo Social Europeo, de los que se beneficiaran unas 3.000 personas en riesgo de exclusión este año.

Las ayudas previstas en esta Orden pretenden facilitar la contratación laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social que, por sus especiales circunstancias, no puedan acceder al mismo en condiciones de igualdad, así como a su acompañamiento individualizado en un puesto de trabajo.

De este modo, los ciudadanos tienen un doble derecho social: por un lado el derecho subjetivo a una prestación económica para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y, por otro lado, el derecho a recibir atención personalizada para su inserción personal, social y laboral. "La mejor ayuda social que se puede prestar es la creación de empleo, para que ninguna persona se quede atrás en la recuperación económica", indicó la consejera.

Las ayudas APIS tienen la finalidad de sufragar parcialmente los gastos derivados de la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, para ofrecerles la oportunidad de adquirir una experiencia válida de inserción en el mercado laboral. La duración del contrato deberá ser por un mínimo de seis y un máximo de doce meses.

"Para ello, contamos también con la solidaridad y cooperación del tejido empresarial de la Región", declaró Violante Tomás, "ya que las entidades beneficiarias de las ayudas apoyan el proceso de integración social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social, colaborando con los centros de servicios sociales y con las entidades del ámbito social que hayan propuesto su contratación".

Podrán acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas la Administración regional, las entidades locales, las empresas y organismos públicos adscritos o dependientes de ellas, las empresas privadas y las instituciones sin fin de lucro ubicadas en la Región.

La cuantía de las ayudas para empresas privadas se corresponderá con un importe fijo, a determinar en cada convocatoria, que no podrá exceder del 100% del importe del Salario Mínimo Interprofesional.