La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas colaborará con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para facilitar la interconexión de los registros de prohibidos, que son las bases de datos en las que se inscriben los ciudadanos voluntariamente para que se les prohíba el acceso a las actividades de juego donde es necesario identificarse. Además, en este registro figuran las personas que por resolución judicial tienen prohibido el acceso al juego o están incapacitadas legalmente.

Con la interconexión de registros se automatizará, mediante medios electrónicos, la información de los correspondientes registros de prohibidos, autonómicos y estatal, y se actualizarán las nuevas inscripciones o cancelaciones en los distintos registros.

El director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Isaac Sanz, que participó ayer en la reunión del Consejo de Políticas de Juego, presidido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, explicó que "se trata de una medida encaminada a incrementar la protección del acceso al juego, ya que este sistema permitirá que todos los registros de prohibidos de las comunidades autónomas estén actualizados y conectados, de forma que sean más eficaces y ágiles a la hora de cumplir su cometido".

En la Región de Murcia el registro de prohibidos se aplica a bingos, casinos, salones de juego, establecimientos de apuestas y apuestas en recintos deportivos, siempre que para acceder al juego sea necesario identificarse.

El director de la Agenda Tributaria recordó que "el Gobierno regional está trabajando en un Decreto con el fin de establecer que en los salones de juego, los terminales de expedición y las máquinas auxiliares dispongan de un sistema de bloqueo automático que impida la formalización de apuestas deportivas a los menores de edad y a las demás personas que no pueden acceder al juego".

Ley de juego

Además, la Comunidad está elaborando un proyecto de ley de juego que prevé, como principales novedades, la adaptación a la nueva realidad surgida del juego 'on line' tras la Ley estatal de juego publicada en 2011; la inclusión de nuevas medidas de simplificación administrativa en aquellos trámites en que sea posible; y mejorar los mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los participantes en los diferentes juegos, reforzando la protección de los menores de edad y de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación en los juegos.

La futura ley también recogerá un catálogo de derechos, obligaciones y limitaciones para los operadores y usuarios del juego.