Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los Registros Civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Hoy se ha publicado en el BOE el Convenio de colaboración de la Secretaria de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de Julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los Registros Civiles siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos, o en forma presencial a través de registros administrativos.

CCOO ya habíamos advertido que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El Ministerio pudo optar por implantar en los Registros Civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativos sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores adminsitrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas) de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los Registros Civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

CCOO solicitó al Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios que la entrada en vigor dela disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de Junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los Registros Civiles como garantía de gratuidad, universalidad,proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea.