El pasado 28 de julio y los días siguientes una masa enfervorecida de payos protagonizó una serie de ataques contra unas familias gitanas residentes en Fortuna (Murcia). Durante los disturbios se produjeron apedreamientos de las familias gitanas (niños y niñas, personas mayores, enfermos e incluso discapacitados), agresiones físicas y verbales tanto hacia las personas gitanas como hacia los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y diversos daños en las propiedades llegando los agresores incluso a volcar un vehículo.

El Ayuntamiento, con su Alcalde José Enrique Gil Carrillo a la cabeza, supo que este grupo se estaba organizando a través de las redes sociales para llevar a cabo una concentración no autorizada y, aunque avisó a la Delegación del Gobierno, no previó la gravedad de la situación de manera que el dispositivo policial previsto se vio desbordado.

En cuanto tuvimos noticia de estos ataques racistas antigitanos nos dirigimos al Ayuntamiento de manera que el pasado 2 de agosto, Día Europeo en Memoria del Samudaripen (genocidio antigitano durante el nazismo), fuimos recibidos por el Alcalde y el Sargento de la Policía Local. Durante esa reunión el Alcalde reconoció que la situación se le había ido de las manos pero en ningún momento quiso reconocer que era un ataque racista antigitano.

En aquella reunión le exigimos que hiciera público un comunicado dejando claro su posicionamiento contra el racismo. No lo hizo y nos parece muy grave ya que los agresores se han estado pavoneando y han presumido de su hazaña en sus redes sociales.

Por otro lado, el Alcalde convenció a las familias agredidas de que abandonaran Fortuna lo cual nos parece no solo un despropósito sino que posiblemente haya incurrido en una ilegalidad que esperamos que la Fiscalía de Delitos de Odio persiga ya que esta acción del Alcalde de Fortuna ha alimentado el sentimiento antigitano y ha confirmado a los agresores que lo que han hecho está bien. Y eso no debe ser así ni quedar impune: nadie puede tomarse la justicia por su mano.

El Delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solis de Querol, nos confirmó que la investigación de la Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a 14 personas acusadas de los disturbios y de las agresiones lo cual nos congratula.

Esperamos que la justicia actúe y que ninguno de los responsables quede impune por estos ataques racistas antigitanos.